Diputados de la bancada Unión del Cambio Nacional, que preside el parlamentario Rudy Catañeda,  se reunieron  con Jorge Luis Donaldo, Procurador General de la Nación (PGN), para analizar posibles enmiendas a la ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación.

Donaldo dijo que el fin de los cambios es fortalecer la institución a través de una normativa específica y actualizada que rija sus funciones de manera eficiente, ya que el decreto que los fundamenta  (512 Ley Orgánica del Ministerio Público), data de 1948 y no corresponde a la realidad y necesidades que vive el país.

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales otorgó dictamen favorable el año pasado a la iniciativa 5156, “Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación”, presentada  por el Organismo Ejecutivo, la cual se encuentra a la espera de ser discutida en su segundo debate.

“Consideramos que es necesario realizar algunas enmiendas, las cuales van encaminadas a eliminar ciertas   prohibiciones e impedimentos para ser nombrado Procurador. Entre ellas ser parte o tener interés en algún tipo de litigio contra el Estado,  y limitaciones sobre sus actividades, como ser abogado en procesos judiciales contra el Estado de Guatemala, ya que no se puede limitar el ejercicio de una profesión y restringir el derecho al trabajo”, expresó Luis Joel Recanoj, director de consultoría de la PGN.

Agregó que también se debe estipular que la única causa para remover al Procurador será mediante la comisión de un delito doloso y no culposo, siempre y cuando haya sentencia condenatoria. Así mismo el funcionario podrá impugnar en la vía incidental ante la Corte Suprema de Justicia, la causa de remoción que le hayan notificado.

“Continuaremos con el análisis de estas enmiendas, ya que es un tema muy importante para que esta entidad pueda desarrollar mejor  las funciones que la Constitución le asigna, posteriormente las  cabildearemos para  su aprobación y que puedan avanzar en el pleno”, comentó el diputado Castañeda.

Por Rosemary Recinos.

La Comisión de Desarrollo Social, presidida por el diputado Jairo Flores, junto con representantes del Frente Parlamentario Contra el Hambre y de la mesa técnica interinstitucional constituida para analizar el contenido de la iniciativa de ley de promoción de alimentación saludable, culminó su trabajo este día.

El diputado Flores indicó que esta iniciativa tiene como objetivo primordial proteger el derecho a la salud y reducir el índice de enfermedades crónicas no transmisibles, que derivan de la mala alimentación y consumo de productos altos en azúcar, sodio y grasas trans entre otros, por lo que proponen un etiquetado de advertencia. “Lo hacemos con el fin de que las personas conozcan a ciencia cierta lo que están injiriendo”, aseveró.

Los artículos que continuaban en discusión eran el 21, referente a  la impresión de etiquetas de alientos preenvasados, y el 22 sobre la administración y destino de los fondos recaudados por autorización de impresión de las etiquetas con sellos de advertencia nutricional.

En el caso del artículo 21, el Ministerio de Salud tendrá una sección que se encargará de revisar y autorizar las etiquetas para los alimentos, las cuales tendrán un escalafón para el precio. Si es una sola etiqueta se deberá pagar el 10 por ciento del costo de producción o importación, si son dos un quince por ciento, tres etiquetas 20 por ciento, cuatro etiquetas 25 por ciento, cinco etiquetas un 30 por ciento y seis etiquetas un 35 por ciento.

En lo relativo al artículo 22, los diputados establecieron que los fondos recaudados del costo de las etiquetas se distribuirá de las siguiente forma: para la promoción de la alimentación saludable, un 25 por ciento; para la prevención de enfermedades crónicas, 25 por ciento; para tratamientos de personas con enfermedades crónicas no transmisibles; se adiciona un  25 por ciento derivado de los recursos de esta ley; y por último un 25 por ciento para el monitoreo del cumplimiento de la ley en mención.

El diputado Flores, presidente de la sala, considera que encontrarán en el camino disidentes de la ley, pero su cometido es librar a las nuevas generaciones de publicidad engañosa que promociona el consumo de productos que dañan la salud de la población.

Los congresistas anunciaron que el lunes 1 de octubre, cuando se celebra el día del niño en Guatemala, presentarán con el  acompañamiento de todas las instituciones que conformaron la mesa técnica, la iniciativa de ley en Dirección Legislativa, para que inicie su proceso de aprobación en el pleno del Congreso.

Por Mayra Recinos

La comisión pesquisidora que analiza la solicitud de antejuicio promovida en contra del Presidente Jimmy Morales, por supuesto financiamiento electoral ilícito, avanza el proceso de investigación y establece agenda para los próximos días.

Hoy los congresistas de la pesquisidora retomaron el análisis de los testimonios que fueron emitidos en calidad de anticipo de prueba en el juzgado de Mayor Riesgo “D”. En esta ocasión se escuchó la declaración de la representante de Novaservicios S.A, Olga Vitalia Méndez de Figueroa.

El jueves, con la reproducción del testimonio del empresario Rodrigo Arenas, se terminará esta etapa de la investigación. Seguidamente se entrará a la fase de audiencias públicas.

“Las audiencias son necesarias sin duda alguna. No podemos basarnos en una sola prueba. Es pertinente escuchar a las partes involucradas”, opinó el diputado Montenegro, presidente de la instancia legislativa.

El lunes 01 de octubre, en horas de la mañana, comparecerán los fiscales del Ministerio Público a cargo del caso. Por la tarde la comisión se reunirá con Paulina Paizy Olga Vitalia Méndez de Figueroa para que ratifiquen sus declaraciones.

Por Isabel Mazariegos

Los diputados Carlos Barreda, Karina Paz y Marleni Matías, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se reunieron este martes con autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) a quienes pidieron información sobre la ejecución presupuestaria, a la fecha, de las diferentes carteras del Ejecutivo, así como la estimación del cierre del ejercicio 2018.

Según Víctor Martínez, titular de la cartera del tesoro, al mes de septiembre se registra un gasto del 46 por ciento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el ejercicio fiscal 2018 de forma global. Siendo los ministerios de Cultura, Finanzas, Agricultura y Desarrollo Social (Mides) los que contabilizan cifras por debajo del 50 por ciento en su ejecución.

Carteras como la de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), Ambiente, Economía y las distintas secretarías, superan esa cifra, pero en las proyecciones de cierre no llegarán al 80 por ciento de gasto. Tal es el caso del CIV y Mides que se estima tendrán ejecuciones  del 80 y 62 por ciento al final de este año fiscal.

“Nos preocupa que mientras ha habido ampliaciones para Comunicaciones, en Salud Pública se estén recortando recursos para los programas sociales, entre ellos los de combate a la desnutrición y aquellos enfocados en salud, que es el caso del programa  de prevención de VIH Sida”, lamentó el subjefe de bancada.

Otro de los temas que se trató en la reunión fue el traslado de fondos de los programas sociales para la contratación de personal bajo los renglones 021, 022 y 029. “Es lamentable que rubros específicos para atender el tema de salud y combate a la pobreza estén siendo utilizados para aumentar el recurso humano, lo que tiene un tinte político”, agregó Barreda

Tras escuchar los argumentos del funcionario, los legisladores acordaron que el próximo martes citarán a los titulares del Maga y Mides para continuar con la fiscalización de la calidad del gasto de los ministerios en mención. “Hemos pedido además una propuesta a Finanzas para que se le apliquen candados a los fondos destinados al tema social y no se desvíen en fines políticos”, concluyó el legislador.

Por Karen Mendoza