La iniciativa 5496, Ley del Presupuesto General de Ingresos y  Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, por un monto de Q89 mil 775 millones con  64 mil quetzales, fue conocida durante la sesión ordinaria de este martes, y enviada  a la Comisión de Finanzas para su estudio y dictamen.

La propuesta fue trasladada el 31 de agosto por el Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas, para su trámite. En la exposición de motivos se da a conocer que el monto solicitado es de acuerdo al escenario macroeconómico y fiscal que se perfila para el país, las expectativas de crecimiento económico, así como las proyecciones de recaudación tributaria y de las fuentes financieras  para el 2019.

Durante la sesión ordinaria de este martes también pasaron en primera lectura las iniciativas de ley 5154 y 5156, para la aprobación de la Ley Orgánica de la Procuraduría  General de la Nación

Uno de los objetivo de las propuestas es reformar la ley que fue aprobada en 1948, y  actualizar algunos datos. Entre los cambios está instalar delegaciones de la Procuraduría en los departamentos. En el tema de la defensa de la niñez  se propone la participación de las diferentes entidades del gobierno.

Superado el punto anterior, el pleno aprobó con 81 votos, en su tercera lectura, la  Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, quedando pendiente la discusión por artículos y redacción final.

Para la sesión programada para este miércoles se espera que la iniciativa de ley temporal para la agilización de la ejecución del libramiento de la cabecera departamental de Chimaltenango, sea conocida por artículos y redacción final, al igual que la propuesta de reformas a la Ley de Tránsito.

Por Karla  Herrera

Los integrantes de la Comisión Pesquisidora examinaron públicamente el expediente de antejuicio (185-2018), promovido por el MP y CICIG en contra del Presidente Jimmy Morales, por supuesto Financiamiento Electoral Ilícito, el cual consta de 5 mil 323 folios.

Por más de tres horas los congresistas se turnaron para leer el amplio expediente, que contiene los argumentos vertidos por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para solicitar el desaforo del mandatario.

“Ya contamos con un cronograma que nos permite llevar a cabo un trabajo ordenado y transparente con el fin de analizar a fondo los argumentos de ambas partes”, expresó el presidente de la Comisión, diputado Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala.

El Vocal III de la sala, diputado independiente Boris España, dijo que van a analizar las pruebas. “Lo esencial es tener todas las evidencias que sean necesarias para hacer un trabajo objetivo, donde prevalezca la transparencia y la apertura a la población, paso por paso”.

Tras examinar el expediente, la Comisión fue convocada para el próximo jueves. Ese día  escucharán los audios que forman parte de los medios de prueba. El 1 y el 14 de octubre, se llevarán a cabo las audiencias, donde las partes deberán presentar sus pruebas de cargo y descargo.

Al finalizar su investigación y consideraciones, la Comisión emitirá un informe circunstanciado del que dará cuenta al Pleno (el 25 de octubre), en sesión ordinaria del Congreso, tal y como establece la Ley en Materia de Antejuicio, en su artículo 17.

“La misión de la Comisión Pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del pleno los elementos que permitan establecer si como consecuencia de los hechos investigados tal funcionario deba ser puesto a disposición de la justicia común, y de ninguna manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos delictivos”, dice la Ley.

El informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora deberá contener la información que haya recabado e incluirá los documentos que considere pertinentes y todos aquellos que le hayan sido entregados en el ejercicio de su función. Los miembros de la comisión, en forma individual, podrán hacer las observaciones que consideren pertinentes y deberán incluirse en el expediente.

Por Isabel Mazariegos

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, presidida por el diputado Ferdy Elías, emplazó al  Ministerio de Finanzas (Minfin), para que en un término de 24 horas les envíe un informe sobre la fuente de financiamiento y el impacto que tendría para el erario nacional aprobar la iniciativa 5438, que establece una ampliación al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2018, para el Ministerio de Educación.

“Hemos insistido en que se dé cumplimiento al artículo 94 de la Ley de Presupuesto, en cuanto a que es obligación de la cartera de Finanzas emitir un informe del costo financiero que representan los compromisos adquiridos en este pacto”, aseguró el vicepresidente de la sala legislativa, diputado Rudy Castañeda (UCN).

El congresista lamentó que el referido procedimiento no haya sido trasladado a la Comisión, lo que a su consideración ha atrasado la emisión del dictamen de la propuesta. “Es importante contar con este informe, ya que dará el aval que permita dar la “viabilidad” a dicha ampliación y el origen de los fondos que financiarán este compromiso”, dijo.

El jefe de la Dirección Técnica de Presupuesto del Minfin, Juan Ortiz, se justificó diciendo que en el mes de abril la cartera del tesoro remitió una opinión del proyecto de ley y “no puede haber un informe sin la homologación de la iniciativa”.

Para los legisladores las condiciones del préstamo ya están establecidas entre las partes. “Lo que se busca es la responsabilidad del órgano rector de las finanzas en el país, con lo que se aseguraría que se cuenta con el espacio presupuestario y fuente de financiamiento que permitan darle un dictamen favorable a la propuesta”, concluyó el presidente la Comisión.

La iniciativa fue propuesta por el Organismo Ejecutivo y busca que se apruebe una ampliación presupuestaria  de Q961 millones 755 mil 970 para el Ministerio de Educación, que tiene como objeto honrar los compromisos que se deriven de la suscripción del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de la referida entidad a cargo del Estado.

Por Karen Mendoza

La Comisión del Menor y la Familia se reunió con representantes de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación  y Trata de Personas (SVET), para conocer su ejecución presupuestaria a la fecha y las necesidades presupuestarias de la institución para 2019.

Carlos Mazariegos, financiero de SVET, informó que hasta el 17 de septiembre han gastado Q12 millones, el 62.24% del presupuesto. Agregó  que  desde el año 2016 han trabajo con un presupuesto de Q14 millones, lo cual no es suficiente para cubrir la inversión de los proyectos de prevención, por lo que en los últimos dos años han tenido que pedir ampliación  presupuestaria.

Los funcionarios solicitaron apoyo a la Comisión para que el presupuesto del 2019 aumente de Q14 millones a Q21millones. “Esto para poder mejorar la atención de los menores y garantizar un mayor desarrollo e implemento de los programas que se tienen previstos”, dijeron.

La diputada Sandra Morán, Convergencia, expresó su preocupación hacia las necesidades de la institución: “No podemos seguir con estos números, debemos prestar mejor atención a las instituciones que defiendan los derechos de los niños. Lo que esta secretaría hace es combatir uno de los negocios más millonarios del mundo, que es la venta y trata de personas\".

Por su parte, el diputado Walter Félix, URNG, recomendó a los representantes de SVET que se reúnan con la Comisión de Finanzas para evitar que se reduzca el presupuesto que solicitaron para el 2019. “Agradezco a la institución el compromiso para luchar contra la trata de personas  y el esfuerzo que hacen con lo poco que tienen”, agregó el legislador.

También expresó que le gustaría sostener una nueva reunión en noviembre para conocer el plan que tiene la secretaría para ejecutar el presupuesto del próximo año.

Por Astrid González