La presidenta de la Comisión de Defensa al Consumidor y el Usuario, Lesly Valenzuela, se reunió con la viceministra de Educación, María Eugenia Barrios; el director departamental de educación, Oscar Fuentes; y alcaldes del departamento de San Marcos, para evaluar las contrataciones de maestros para la región.

Según la Viceministra, en lo que va del año se han abierto al menos 61 plazas de maestros para el departamento, aparte de los que ya fueron contratados en los diferentes renglones, que sumados sobrepasan 12 mil para San Marcos. “Las nuevas contrataciones son en espacios que dejan mentores jubilados o retirados por diferentes motivos, esperamos para el próximo año poder abrir una mayor cantidad de plazas en contratos 021 para fortalecer a ese departamento”, expresó la funcionaria.

La legisladora cuestionó que únicamente se hayan contratado a 62 educadores en 9 municipios, siendo San Marcos uno de los departamentos con mayor necesidad. “Queremos saber qué criterio se utilizó para la selección de los maestros y por qué no se enviaron más a estas áreas que están muy necesitadas”,  dijo la diputada.

“El criterio de selección se ha hecho conforme a las necesidades de cada municipio”,  dijo Oscar Fuentes. “Hay escuelas muy alejadas donde los maestros dejan sus empleos por la lejanía, y alrededor de 80 plazas que fueron creadas por la minera pero que ahora pagan los jefes ediles. Trabajamos para que el ministerio pueda cubrir estas plazas”, puntualizó.

Los alcaldes de Sipacapa  y San Antonio Sacatepéquez, coincidieron en indicar que existe un déficit de maestros en las regiones más lejanas donde un mentor atiende hasta 6 grados y que en muchos casos no se toma en cuenta a los que pueden enseñar su lengua nativa. Esto por no tener la certificación que emite el Ministerio, pues no las entregan en San Marcos sino que deben viajar hasta la capital a tramitarla.

Por Fernando Bolaños

Diputados de la Comisión de Seguridad Alimentaria, que preside el representante Marcos Yax,  manifestaron su preocupación por los casos de desnutrición que se han registrado en el departamento de Jutiapa a raíz de la sequía que se vive en el país, ante la ausencia de lluvias.

“Nos preocupa que en Jutiapa, al igual que en los departamentos del corredor seco y algunos del occidente, se estén incrementando los casos de desnutrición, por lo que  las autoridades de gobierno encargados del tema, deben trabajar en conjunto para evitar que las cifras aumenten”, destacó el diputado Marcos Yax, presidente de la referida Comisión.

A la reunión asistió Juan Carlos  Carias, secretario de seguridad slimentaria; Manfredo Melgar, viceministro de seguridad alimentaria y nutricional (SESAN); Pedro Corado, gobernador departamental de Jutiapa; Cesar Elías, sub contralor de cuentas; Claudia Maselli, procuradora adjunta de Derechos Humanos; así como delegados de la SESAN, Ministerio de Salud y Educación.

Según las estadísticas, este año se han atendido  287 nuevos casos de desnutrición en el departamento de Jutiapa, la mayoría  niños menores de 10 años, por lo que los representantes del Ministerio de Salud, hicieron un llamado a las autoridades de SESAN, MIDES  y al Ministerio de Agricultura, a aumentar el presupuesto y personal para los centros de salud.

Nery Morales, delegado de la SESAN en Jutiapa, dio a conocer que mantienen un monitoreo para determinar los casos de desnutrición,  y que las familias afectadas puedan ser incluidas en los  programas de ayuda social, donde se les brindan bolsas de alimentos y fertilizantes.

Se dio a conocer que   hay más de 300 mil familias guatemaltecas afectadas por la sequía en todo el país, por lo que se podría analizar la posibilidad de declarar estado de calamidad en los departamentos del corredor seco, y algunos del occidente.

Por Karla Herrera

La Comisión de la Mujer, presidida por el diputado Aníbal Rojas (Viva), analizó este jueves el artículo 7 de la iniciativa 5376, que plantea un sistema de protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora para niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual.

En la actividad participaron cerca de 65 organizaciones de la sociedad civil, entre las que resaltan Asociación Go Joven Guatemala, Coalición Ministerial Cristiana, Mujeres Transformando el Mundo, Alianza Evangélica de Guatemala, Asamblea Feminista, Instituto de Derecho a la Vida, entre otras, las cuales presentaron argumentos a favor y en contra de la normativa

Quetzali Cerezo, de la Asociación Movimiento por la Equidad en Guatemala (AME), aseguró que el Estado debe de garantizar que la maternidad ideal sea libre y deseada a través de estrategias interinstitucionales, que eviten la incidencia de casos de violaciones sexuales en menores.

“De lo contrario nos enfrentamos a la interrupción de la vida de una niña mediante un abuso violento, trayendo serias consecuencias para su desarrollo. El Estatuto de Roma, en su artículo séptimo, refiere que  el embarazo forzado es considerado un crimen a la humanidad, situación que hace que las menores en esta condición sean estigmatizadas”, agregó Cerezo.

Orlando Cabrera, del Instituto Juntos por la Vida, explicó que no ven  viable el proyecto de ley, bajo varias perspectivas: “No se considera la salud física y psicológica de la menor que interrumpe el embarazo”.

“Vemos con preocupación que se quiera aprobar una ley que excluye a otras victima de delito sexual y peor aun que no se contemple un castigo severo al abusador. Creemos que se debe de trabajar en soluciones de fondo como el acompañamiento a la víctima, el castigo al criminal y combate a la clandestinidad de los abortos”, afirmó Cabrera.

Al concluir la reunión, el congresista Rojas indicó que la mesa se reunirá nuevamente en los próximos días para continuar con el análisis de la propuesta. “Escucharemos a dependencias del Estado involucradas en el tema en virtud de contar con un dictamen ampliamente discutido”, anunció el legislador.

Datos del Sistema de Información Gerencial de Salud (Sigsa), del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, refieren que en lo que va del año, al menos 1 mil 475 menores, entre 10 y 14 años, tienen un embarazo no deseado a causa de un delito sexual.

Por Karen Mendoza

La diputada Eva Nicolle Monte, de la bancada Alianza Ciudadana, se reunió con Reyes Patal, alcalde del municipio de Patzún, Chimaltenango; Juan Pablo Muñoz, coordinador de construcción de la empresa Construdam; y José Muñoz, coordinador de la división de supervisión  de la Dirección General de Caminos, para conocer los avances de la reparación de un tramo carretero que atraviesa dicha región.

El alcalde Patal comentó que la obra abarca 13 kilómetros y que  después de ocho meses únicamente se han asfaltado  2.5 km, por lo que se le solicitó a la empresa constructora que  agilice el proceso, ya que este tramo es de suma importancia para el desarrollo de la población, que se caracteriza por la producción de arveja china y brócoli.

“La ruta es de Patzicía  a Patzún, y nos preocupa porque la población ya está bastante molesta ante este atraso, y no queremos que surjan manifestaciones ante esta inconformidad”, señaló el jefe edil.

Por su lado, el representante de la empresa señaló que la demora se debe a que hasta en el mes abril recibieron  el anticipo por parte del ministerio de Finanzas, y que los procesos burocráticos por la ley de compras y contrataciones son muy lentos. “Recibimos el dinero dos meses después de terminar con una parte del área y esto nos limita para avanzar más rápido”, afirmó.

La diputada Monte, representante del departamento de Chimaltenango, expresó: “La carretera está totalmente deteriorada y es muy probable que ocurran accidentes de tránsito, por lo que seguiré con está fiscalización para verificar que se cumplan los plazos y que este año se pueda concluir  este proyecto”.

Por Rosemary Recinos.