En el marco de la celebración del primer aniversario del Día por la Vida y la Familia, cada 9 de marzo, destacamos las acciones de los diputados de la IX Legislatura a favor de las mujeres, una de estas es la aprobación del Decreto 17-2020, que destinó hasta US$100 millones a través del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, para cubrir varias necesidades en temas de salud, entre estas para el fortalecimiento de la atención primaria a nivel nacional, con principal énfasis en la reducción de la mortalidad materna e infantil.

La mortalidad materna es un indicador sumamente importante, ya que evidencia el desarrollo de los países y la relevancia que estos le dan al derecho de las mujeres a una maternidad saludable y por tanto, se garantiza la vida de este sector de la población, quienes representan el 52% del total de habitantes en el país, según el Censo 2018 elaborado por el Instituto Nacional de Estadíastica (INE).

La legislación nacional establece que la maternidad es un asunto de urgencia nacional, por los índices, por lo cual se han de implementar todas las estrategias para garantizar un embarazo sano, un parto sin riesgos y un posparto sin complicaciones.

Esta lucha no es ajena para los diputados de la actual legislatura y sus acciones a favor de la mujer también quedó patentada con la aprobación del Decreto 17-2022, que entre sus objetivos permitió ampliar la cobertura y calidad de los servicios materno-infantil, a través de acciones para la modernización de la red asistencial a nivel nacional para entregar servicios oportunos, de calidad y con eficiencia a fin de reducir la mortalidad materna e infantil, más aún con las amenazas del virus en el país.

La ley entró en vigencia el 17 de abril de ese año y permitió la obtención de fondos para el Programa de Fortalecimiento de las Red Institucional de Servicios de Salud –Proriss-, que a la fecha sigue siendo ejecutado por el Ministerio de Salud y su mayor enfoque es contribuir a la reducción de la mortalidad materna e infantil principalmente en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, y otras regiones con alto índice de mortalidad materno-infantil.

En Huehuetenango se planificó ejecutar Centros de Salud en las comunidades de Río Blanco Chiquito, Xenaxicul, Ixquebaj, Lolbatzam, Cucal, Bacu, Suculque; mientras que en San Marcos, se tiene planificado ejecutar  en Tajumulco un CAP y un Centro de Salud en la comunidad de Tuinima, de acuerdo a un reporte financiero de Salud.

Este programa también destina fondos para el diseño e implementación de una Red de Bancos de Sangre, una Red de Urgencia Nacional y la compra de ambulancias medicalizadas.

En Guatemala, según datos de la mesa técnica de vigilancia de muerte materna, se evidenció que la Covid-19 ha sido la principal causa de muerte materna en los últimos años. A octubre del 2021, el año que surgió la crisis sanitaria, se reportaron 350 muertes maternas en el país, de las cuales el 38% se debe a Covid, que superó por mucho a cualquier otra causa de muerte materna evitable.

La aprobación del Decreto 17-2020, es una muestra de la voluntad de los legisladores para facilitar recursos financieros al Organismo Ejecutivo, para que garanticen la atención de calidad en salud de los guatemaltecos, tan necesarios en la actualidad ante los efectos negativos por la emergencia sanitaria por la Covid-19.

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Por: Oscar Felipe Q.

Fotos: Arte: Julio Lemus