Los diputados aprobaron la Ley de Prevención y Protección contra la .

Gracias a esta nueva ley la información personal e institucional de los guatemaltecos estará protegida de los ciberdelincuentes.

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— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) August 5, 2022

Cabe destacar que, aunque en Honduras no existe una ley específica para  el cibecrimen, dentro de su Código Penal sí está tipificado el delito informático con penas mayores. En Nicaragua  se aprobó el Código Penal que detalla en uno de sus artículos el castigo por conductas punibles relacionadas al  delito informático.

La nueva normativa que fue propuesta al Congreso por el Organismo Ejecutivo, venía gestionándose desde el comienzo de la actual legislatura. La Presidente del Congreso de la República, Shirley Rivera, en su calidad de Secretaria de Relaciones Interparlamentarias de la mesa directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribe (Parlatino), abordó de la necesidad de legislar a nivel regional sobre este tema.

En ducha actividad, durante su discurso de apertura del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad:  “Amenaza a la Prosperidad Social y Económica”, que se desarrolló en el Hemiciclo Legislativo, el 7 y 8 de marzo de este año, se refirió al tema. Además, entre los temad discutidos figuró el “Panorama de amenazas cibernéticas: organizaciones y motivaciones criminales, vectores de amenazas actuales y regulaciones gubernamentales”.

En dicha actividad que fue organizado por el Congreso de la República de Guatemala, el Gobierno de la República de Guatemala y Caribbean Bermuda & Latin América Crime Stoppers CBLA, formaron parte  diputados, senadores, congresistas y expositores expertos de diferentes partes del mundo.

FACTORES IMPORTANTES DE LA LEY

Esta normativa actualiza la legislación nacional en esta nueva era tecnológica con la tipificación de delitos como el acoso por medio de medios cibernéticos, engaño con fines sexuales, delitos y faltas a la propiedad intelectual, robo de datos financieros, venta de información personal o corporativo, fraude y extorsión por medios digitales, entre otros, los cuales tendrán sanciones de 6 a 10 años de prisión y multas de 100 a mil salarios mínimos.

Además, entre otras medidas principales crea un Centro de Seguridad Institucional de Respuesta Técnica ante Incidentes Informáticos; crea alertas para detectar y dar atención a los casos de emergencia de ciberseguridad y ciberdefensa; y fomenta la realización de acciones para prevenir los ataques a datos o sistemas informáticos.