La diputada Marleni Matías Santiago, del bloque legislativo UNE, llevó a cabo este lunes dos reuniones de trabajo, para tratar temas relevantes para el departamento de Baja Verapaz, distrito al que representa.

A primera hora se reunió con Carlos Martínez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), con el objetivo de dialogar por la falta de personal para el cuidado y resguardo de las áreas protegidas en el departamento, asimismo, conocer la ubicación de esas áreas protegidas.

La diputada cuestionó al representante del Conap, debido a las carencias y falencias en el departamento, específicamente por la falta de personal para el resguardo de las áreas protegidas. Lamentó que actualmente hay una tala masiva en el municipio de Purulhá.

Además expresó que, para ellos, es muy importante la conservación de la biosfera, pues Baja Verapaz goza de diversidad de flora y fauna, principalmente la Monja Blanca.

Asimismo, indicó que velará por los temas ambientales: el resguardo de las áreas protegidas, acciones contra el tráfico de animales, incendios forestales, así como de la creación y la producción dentro del municipio.

Además, informó que en la actualidad el departamento cuenta con 22 áreas protegidas y varias áreas reservas naturales privadas; tres parques regionales municipales y dos áreas protegidas por el Estado, las cuales son parte del Cerro de las Minas y el Biotopo del Quetzal.

Al terminar la reunión la legisladora Matías pidió un informe del proceso de selección de recursos humanos, para resguardar las zonas.

En una segunda reunión, la diputada se reunió con Jorge Jerónimo y José Gómez, en representación del director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), con el objetivo de conocer el avance que ha tenido en el cumplimento de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en temas de resarcimiento.

Según la legisladora informó que Baja Verapaz cuenta con tres sentencias a su favor y una política pública de Estado, como es la reparación de las víctimas de la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, que abarca tres departamentos los cuales son Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché; de los que forman parte de la política pública 378-2014.

Además, mencionó que en diciembre se hizo la publicación de la sentencia de la comunidad Chichupac, afectada por el conflicto armado interno y se asignaron Q12 millones para la reparación económica para las familias afectadas.

Jerónimo indicó que durante el segundo cuatrimestre del 2022 se pagará a las familias afectadas por dicho daño.

“Muy complacida con el trabajado que se ha venido haciendo de intermediación ante la Copadeh, como comisión rectora del tema; también con el Ministerio de Finanzas para lograr el resarcimiento a nuestros hermanos afectados, tanto de la violencia interna como la construcción de la hidroeléctrica Chixoy”, expresó la legisladora Matías.

Por: Jorge Sánchez

Fotos: Miguel Plato Y Héctor Monroy