Para fiscalizar los protocolos implementados en el desalojo de familias en una finca ubicada en la aldea Chinebal, durante el Estado de Sitio en El Estor, Izabal, la Comisión del Menor y de la Familia, presidida por el diputado Edgar Batres, se reunió con funcionarios de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT), de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), del Ministerio de Gobernación (Mingob) y del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef).

La relatora de la OPT, Gloria López, informó que a las personas que fueron consignadas por la Policía Nacional Civil (PNC), durante los acontecimientos del desalojo de una finca, se les imputó delitos como portación ilegal de armas de fuego, hurto, estafa propia, entre otros.

Además, añadió que la mayoría de los procesados ya consiguió su libertad condicional, sin embargo, a dos menores se les abrió procesos judiciales por delitos mayores.

Por su parte, Edwin Taracena, representante de la PDH, dijo que los desalojados y allanamientos se realizaron con estrictos protocolos, y que las fuerzas de seguridad fueron las que solicitaron la presencia de la PDH, para dar cumplimiento a las órdenes de desalojo, a petición de los dueños de la finca invadida.

A su vez, el comisario Óscar Joj del Mingob, indicó que se respetaron  los Derechos Humanos al momento de realizar las consignaciones, y que, para mantener la paz, fueron llevados inmediatamente ante el juzgado correspondiente para resolver su situación legal.

“El Estado de Sitio en El Estor no era necesario, tampoco es posible que ahora pongan un Estado de Prevención. El gobierno debe realizar planes económicos para el desarrollo local, para que las personas no actúen al margen de la ley”, expresó la legisladora Sonia Gutiérrez.

Asimismo, el legislador Batres, consideró que las fuerzas de seguridad, junto a los dueños de la finca, violaron los Derechos Humanos de los menores de edad, mujeres y ancianos, además de actuar con acciones de terror.

Al concluir, los legisladores integrantes de la Sala Legislativa, solicitaron un informe circunstanciado a las entidades, para dar seguimiento a las denuncias de violación a los Derechos Humanos a las personas que fueron desalojadas.

Por: Jhonny Michael Rodríguez

Fotos: Edwin Méndez