El 11 de julio de cada año se celebra el Día Mundial de las Poblaciones, fecha establecida por las Naciones Unidas en 1989, que busca hacer conciencia a los habitantes del mundo de los problemas demográficos y para la promoción del desarrollo sustentable a todos los sectores de la población.

Este año, por segundo año consecutivo la población del mundo vive afectada por la pandemia de la Covid-19; y en Guatemala no es la excepción, pese que el Congreso de la República ha brindado herramientas para mitigar su contención, la población ha sufrido los efectos económicos e incluso la pérdida de familiares.

En Guatemala, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 2019, estima que el número de habitantes en Guatemala es de 17 millones 357 mil 886 personas y que la proyección para el 2023 sería de 244 mil 545 habitantes más.

Además, de acuerdo con las instituciones, la población de Guatemala es joven, en el 2021, más del 60% tiene entre cero y 30 años, de acuerdo a las proyecciones de población nacionales por edad y sexo; asimismo, en el 2021, en la población de Guatemala, las mujeres superan en un 2% a los hombres, de acuerdo a las proyecciones de población nacionales por sexo.

La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce que el país está conformada por 24 grupos étnicos: achií, akateco, awakateco, chalchiteco, ch’orti’, chuj, itzá, ixil, jacalteco, kaqchikel, k’iche’, mam, mopan, poqomam, poqomchi’, q’anjob’al, q’eqchi, sakapulteco, sipakapense, tektiteko, tz’utujil, uspanteko, xinka y garífuna.

También, el censo estima que el 45% de la población del país es indígena, pero otros informes indican que constituyen el 60% del total de la población, además los datos oficiales sobre pobreza y pobreza extrema, afecta al 21,8 % de la población indígena.

CONGRESO CUMPLE CON LA POBLACIÓN

Desde el inicio de la pandemia, el Congreso ha mostrado compromiso con acciones positivas para los guatemaltecos, que han permitido mitigar los efectos del Covid-19, desde la aprobación de normativas que autorizó los programas de impacto social y fondo para préstamos para mipymes, hasta la aprobación del Decreto 1-2021, Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas Contra el Coronavirus COVID-19, que autorizó Q15 mil millones para su adquisición y recientemente el Decreto 8-2021, normativa que crea mecanismos de compensación por efectos secundarios por la vacuna y da certeza jurídica para la adquisición de las inmunizaciones.

La pandemia sigue causando muertes y generando cambios significativos en las actividades diarias de la población a nivel mundial, Guatemala no es la excepción, desde que el presidente Alejandro Giammattei confirmó el 13 de marzo de 2020 el primer contagio de coronavirus en el territorio nacional, la labor del Organismo Legislativo ha sido clave para atenuar el impacto de las medidas de confinamiento sobre la economía nacional.

Aquí algunos puntos que resaltan el trabajo del Congreso de la República, a favor de la población.

La IX Legislatura aprobó en enero de este año, Urgencia Nacional, el Decreto 1-2021, Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas Contra el Coronavirus COVID-19, que dio luz verde para un presupuesto de Q15 mil millones para la compra de vacunas contra el coronavirus. La normativa permitió que actualmente el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, el pasado 5 de abril realizó el pago del 50% del valor total para la compra de 16 millones de dosis, de las vacunas Sputnik V. En la misma, quedaron establecidos mecanismos de transparencia del uso de los recursos.

Una de las primeras acciones tomadas por los diputados del Congreso de la República fue la aprobación del Decreto 8-2020, que declaró por 30 días Estado de Calamidad Pública en el país (21 de marzo del 2020) y que se fue ampliando a lo largo del año. Con esta medida se puso a Guatemala en un periodo de información y preparación ante la pandemia, además,  se le brindó al Ejecutivo un Fondo de Emergencia por Q230 millones para iniciar la mitigación de los efectos del Covid-19.

El Legislativo autorizó la ampliación del presupuesto del Ministerio de Salud Pública; en total se aprobaron Q1 mil 196 millones para el fortalecimiento de las capacidades sanitarias. El 25 de marzo de 2020, el Legislativo aprobó de Urgencia Nacional la Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia del coronavirus COVID-19.  

En esta ley, el Congreso aprobó el Fondo de Emergencia, por un monto de Q1 mil 600 millones; el cual incluye Q800 millones para Salud en el programa: Atención Covid-19 dividido Q700 millones para infraestructura, equipamiento e insumos hospitalarios y Q100 millones para laboratorios y otros métodos de prueba para detectar el coronavirus.

Gracias al Decreto se planificó la habilitación de cinco hospitales temporales para atender la emergencia: Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Petén y Zacapa para ampliar la capacidad instalada hospitalaria en 1 mil 31 camas nuevas con 105 unidades de cuidados intensivos.

El Fondo Bono Familia fue una acción positiva, porque llevó beneficio de manera directa a los guatemaltecos afectados económicamente por la pandemia; la congresistas dentro de la Ley priorizaron a las madres solteras, personas en pobreza y pobreza extrema, adultos mayores, discapacitados, así como familias con niños con desnutrición. El programa Bono Familia que contó con fondos hasta por Q6 mil millones, fue ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que brindó apoyo económico por Q1 mil durante dos meses y un tercer pago de Q250, para cada familia beneficiada.

Apoyo a los trabajadores. La pandemia provocó el cierre de muchas empresas y la pérdida de empleos, por lo que el Congreso contempló como la creación del Fondo de Protección del Empleo, Decreto 13-2020 y es parte del Plan General de Atención a la Emergencia COVID-19, que apoyó a los trabajadores con Q75 diarios por cada día de suspensión y disminuir así, el impacto social y económico provocado por la Pandemia.

Por otro lado, es importante resaltar que, de los Q2 mil millones asignados para el Fondo de Protección del Empleo, Q150 millones fueron redirigidos por el Congreso de la República, mediante el Decreto 25-2020, y modificado mediante el Decreto 28-2020 para beneficiar con un pago único a los jubilados y pensionados del Estado, durante la crisis Covid-19.  Estos fondos fueron ejecutados en su totalidad, beneficiando a 103 mil 692 personas quienes recibieron un aporte de Q1 mil 446.59.

El 19 de marzo del 2020 el Ministerio de Educación acordó facultar a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) el uso de los recursos transferidos por el Ministerio para la adquisición de alimentos no perecederos los cuales deberían ser entregados a los padres de familia de los estudiantes de los niveles de preprimaria y primaria de los centros educativos públicos durante el periodo de suspensión de clases por la declaratoria de Estado de Calamidad Pública. El presupuesto de dicho programa fue de Q1 mil 879 millones para el año 2020.

Los congresistas a través del Decreto 15-2020, garantizaron la continuidad de los servicios básicos como el agua, electricidad, drenaje, telefonía e internet, ya sean públicos o privados, sin que los usuarios fueran objeto de multas o moras.

La IX Legislatura, mantiene también su compromiso con la reactivación económica del país, es por eso que se han aprobado legislaciones como el Decreto: 2-2020, con reformas a la Ley de Actualización Tributaria, en beneficio del sector de transporte aéreo; así como el Decreto 7-2020; Ley de Protección para el Cultivo del Plátano y Banano y  el Decreto 2-2021, la Ley de Leasing, aprobado el pasado 2 de marzo.

Con acciones como estas, el Congreso de la República ratifica su compromiso con la población y recomienda mantener las medidas sanitarias para contener el virus en el país.

 

Por: Oscar Felipe Q. Y Maité López

Fotos: Arte: Julio Lemus

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