La bancada Winaq y URNG-Maíz recibieron este martes a representantes de la comunidad  de San José Sinaché, Zacualpa, Quiché, quienes solicitaron la intermediación de los diputados para la recuperación de sus tierras, un conflicto agrario que lleva años y que se ha agudizado por la criminalización y amenazas de los líderes que enfrentan investigaciones.

En la reunión formaron parte los diputados Sonia Gutiérrez, Edgar Batres y Adán Pérez, integrantes del bloque Winaq, y asesores de la bancada URNG-Maíz; además, una delegada de la oficina de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), directivos como asesores legales del Comité Unidad Campesina (CUC) y líderes del a comunidad afectada.

“Expusieron una problemática de despojo y reposición de sus tierras ancestrales, es una problemática que viene de años. El tema agrario es un deber del Estado, en ese sentido acompañaremos a la comunidad en su derecho legítimo para la recuperación de sus tierras”, informó la diputada Sonia Gutiérrez, jefe de bloque de Winaq.

La diputada lamentó que a lo largo del proceso hubo expedientes en poder de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República (SAA) y es un tema que también fue conocido por el Fondo de Tierras (Fontierras), sin embargo, “lastimosamente” la documentación está desaparecida.

“Haremos una intervención y forzaremos a la institucionalidad en materia agraria, para que busque solución a la problemática. No queremos que exista mayores enfrentamientos en la comunidad; el Estado es su responsabilidad de velar por la seguridad, justicia y bienestar de la población”, agregó la congresista.

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), hizo un repaso al problema que enfrenta la comunidad con una persona que hizo una negociación fraudulenta e intentó forzar a la comunidad para la venta de las tierras, sin embargo nunca hubo acuerdo.

Añade que las negociaciones al principio era que las tierras tenían un costo de Q16 millones, luego Q6 millones, pero la asamblea de la comunidad decidió no, sin embargo, el supuesto dueño hace trabajo de medición y bajo amenazas de desalojar a los comunitarios de manera “extrajudicial”.

“Nos preocupa que han causado confrontación en la comunidad, se han dado órdenes de capturas, procesos judiciales en contra los comunitarios. Un caso concreto es el de Tomás Ximón, ex presidente de la Asociación, en ese sentido, estamos pidiendo una actitud de corrupción e impunidad, incluyendo a las autoridades locales”, añadió Pascual.

Manuel Morales, representante de la comunidad solicitó la intermediación de ambos bloques legislativos, para encontrar solución al problema. Asimismo, invitó a los diputados para que visiten la comunidad y conozcan de primera mano el problema que enfrentan y se pueda evitar que se agrave la situación entre la población.

El diputado Edgar Batres, de Winaq y presidente de la Comisión del Menor y la Familia al finalizar la reunión explicó que estarán analizando la información y los documentos con el fin de darle seguimiento al caso.

“Esperamos citar a representantes de las instituciones encargadas de la tenencia de tierra, para buscar una solución a la problemática de tierras ya que son muchos casos en el país”, aseveró.

Por: Oscar Felipe Q. Y José Castellanos

Fotos: Roberto Aguja