Con el fin de fiscalizar la ejecución presupuestaria y acciones implementadas a favor de personas de la tercera edad a nivel nacional, la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario se reunió con autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) y del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor.

En la reunión participó Rodolfo Varela, viceministro Administrativo Financiero; y Geovanna Salazar, viceministro de Previsión Social y Empleo; Silvia Monzón, directora general del Programa de Aporte Económico de Adulto Mayor, además, delegados departamentales del referido programa.

Los funcionarios del Mintrab respondieron a los cuestionamientos de las diputadas Samantha Figueroa y Karina Paz, ambas de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Los viceministros Varela y Salazar expresaron que el programa tiene asignado para este año Q500 millones y el Pleno del Congreso aprobó el año pasado Q50 millones más para cubrir la crisis sanitaria.

“Llevamos ejecutados en este año Q27.4 millones de los Q50 millones que nos fueron trasladados por el Congreso de la República; el año 2020 se tuvo inconvenientes por las restricciones de la pandemia y eso hizo que el trabajo en el programa no se desarrollara como estaba planificado”, dijo Varela.

“Hemos tenido un incremento en las solicitudes de personas que quieren estar registradas para recibir el beneficio económico y superan los 10 mil adultos mayores, pero se necesita tener más recursos financieros ya que el presupuesto que hay en su mayoría es para funcionamiento”, dijo Monzón.

La diputada distrital Samantha Figueroa informó que le preocupa cómo funciona el programa y la atención que brinda, en especial a personas de la tercera edad que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema en varios departamentos y comunidades del país.

Por: José Castellanos         

Fotos: Edwin Méndez