El diputado Osmundo Ponce, de la bancada URNG-Maíz, se reunió con autoridades de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), Comisión Presidencial por el Diálogo (CPD), Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Inspectoría General de Trabajo y Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)..

A la reunión asistieron representantes de extrabajadores de la finca San Gregorio, Piedra Parada, municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, quienes manifestaron que trabajaron por muchos años en la finca y los dueños no pagaron las cuotas patronales ante el IGSS.

“Trabajé por más de 29 años en la hacienda, desde 1972 al 2002; soy campesino y me dedique a sembrar árboles de hule, siembras de citronela y otros cultivos; de 30 años de trabajo solo 80 cuotas me aparecen registradas”, mencionó Francisco Luis López, uno de los afectados.

López relató que fueron aproximadamente 300 personas las afectadas, de las cuales unas 60 ya fallecieron. “Los que estamos vivos somos de la tercera edad y no recibimos medicinas, ni atención médica y los beneficios de sus años de trabajo”, dijo.

Las personas fueron acompañadas por dirigentes del Comité de Unidad Campesina (CUC), quienes expusieron que el caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se recomendaron medidas cautelares y protección del Estado de Guatemala.

“La denuncia internacional se interpuso ante la CIHD por el caso de dos exempleados del CUC y 10 extrabajadores de la finca San Gregorio, Piedra Parada, quienes fueron arbitrariamente acusados del delito de usurpación agravada tras manifestar exigiendo que se resuelva su caso”, dijo un dirigente del CUC.

“Hemos acordado con las autoridades que se instale una mesa de trabajo con el fin de buscar la solución a la situación de los más de 300 ex empleados que trabajaron por muchos años en la finca y los dueños nunca pagaron las cuotas patronales al IGSS”, refirió el diputado del bloque URNG-Maíz.

 

Por: José Castellanos         

Fotos: Héctor Monroy

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