La Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa, presidida por la diputada Alexándra Ajcip, del bloque VIVA, se reunió de manera virtual con representantes de las gremiales industriales de bebidas, alimentos y servicios del país, en seguimiento al análisis de las tarifas por permisos y registros emitidos por la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

La parlamentaria indicó que es preocupante que, a inicios del año 2021, se incrementó con el Acuerdo Gubernativo 179-2020, las tarifas para los diferentes trámites y permisos que realizan las pequeñas y medianas empresas ante la cartera de Salud.

Asimismo, solicitó que se instale una mesa interinstitucional para elaborar una hoja de ruta con acuerdos consensuados entre las entidades, para cobros justos y equitativos para los emprendedores.

Entre las alzas se encuentran los trámites por licencias sanitarias, certificaciones, renovaciones y permisos médicos para funcionamiento, los cuales, según las gremiales, han tenido un aumento de hasta de 40 veces su precio original.

Mirna Téllez, directora de la dependencia del MSPAS, argumentó que, como dirección, tienen la dificultad de que el presupuesto anual que les asignan es insuficiente para cumplir con las funciones regulatorias; asimismo, que de Q5 millones que fueron recibidos durante el año 2020, solo ejecutaron Q800 mil para funcionamiento, ya que del resto se encargó la unidad ejecutora central de la cartera de Salud.

Los representantes de la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), así como la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), solicitaron que se realice un estudio a profundidad del problema, para que como institución puedan brindar un servicio rápido, eficiente y a la vanguardia de la tecnología, al momento de la gestión de los diferentes trámites.

Como conclusión la parlamentaria Ajcip solicitó que la cartera le envié a la Sala Legislativa un análisis con fundamentos legales del presupuesto que necesitan para contratar más personal, adquisición de insumos y tecnología a la vanguardia, así como un informe del destino del resto de los Q5 millones del presupuesto de la dependencia.

Por: Yaneth Zuñiga

Fotos: Comunicación Social