La diputada Marleni Matías Santiago se  reunió recientemnte con el director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Paz y Derechos Humanos (Copadeh) y María Dolores Itzep, de la  Asociación Bufete Jurídico Popular Rabinal, del departamento de Baja Verapaz.

El objetivo, dar seguimiento al cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida el 30 de noviembre de 2016, que obliga un resarcimiento económico para las víctimas de la aldea Chichupec y comunidades vecinas del municipio de Rabinal contra el Estado de Guatemala.

Dolores Itzep manifestó que el Estado de Guatemala está en deuda con la población, debido a que no se le ha dado el cumplimiento a las sentencia de la CIDH, pese a que esta tienes tiempos para su cumplimiento, y que además las comunidades siguen siendo olvidadas en cuanto a los temas de salud, educación y desarrollo integral social y económico.

La diputada hizo la petición bajo los parámetros de sus competencias como parlamentaria, de tres puntos concretos, una de ellas es el reconocimiento por parte del estado de Guatemala, y pedir perdón al pueblo Achi de Rabinal, por la violación de los derechos humanos cometidos en el conflicto armado interno.

Otra de las peticiones fue que se retome el pago de los Q12 millones, que están pendiente para hombres y mujeres de la tercera edad que también fueron violentados sus derechos humanos durante el conflicto armado interno, el cual quedo pendiente de pago, debido a que el mismo estaba programado  para el mes de mayo del año 2020, pero al desaparecer la Copredeh ya no se pudo concretar.

Por último, la diputada  solicito  que se haga pública la sentencia de CIDH que fue dictada hace 4 años.

Durante el conflicto armado, entre los años 1981 a 1987, la comunidad de Chichupac tuvo conflictos que generaron un gran impacto en la organización socio-cultural de los pueblos, a ello obedece la resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este caso se refiere a la presunta ejecución de una masacre en la aldea el 8 de febrero de 1982, así como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, omisiones de auxilio, detenciones ilegales, entre otros, hecho denunciado por la Asociación Bufete Jurídico Popular.

Por: Junior Granillo

Fotos: Miguel Plato

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