El Presidente Luis Contreras @_ContrerasLuis e integrantes de Comisión Permanente dan inicio a la en conmemoración del XLI aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala.

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— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) June 2, 2026

En tanto, la nueva normativa corrige ese vacío de manera frontal: el segundo párrafo de su Artículo 1, que define el objetivo de la ley, declara con claridad, fuerza normativa y carácter vinculantes que esta Ley no tiene objeto de atacar o reprimir la economía informal, criminalizar el uso de dinero en efectivo o ser usada para objetivos tributarios.

Lo anterior está fundamentado y reforzado por el cuarto considerando del Decreto, que orienta toda interpretación posterior. No se trata de palabras de un preámbulo: están escritas en el articulado sustantivo, por lo que ninguna autoridad administrativa, fiscal o judicial puede interpretarla para perseguir a quienes ejercen actividades ilícitas. “El objetivo expreso de la Ley es el crimen organizado y quienes reciclan dinero proveniente de actividades delictivas”, destaca la normativa.

Como Congreso enfatizamos que la nueva Ley se apega a estándares internacionales y no se persigue la economía informal, pues, en Guatemala se registra el nivel más alto de empleo informal en Centroamérica, según un informe regional: en 2025 esta cifra alcanzó el 82%, impulsada en gran medida por la limitada generación de oportunidades dentro de la economía formal.

Es importante aclarar que, con la normativa aprobada por los diputados de la X Legislatura no afectará a vendedores de mercado, transportistas, artesanos y otros trabajadores informales que utilizan dinero en efectivo como parte habitual de su actividad económica.

La nueva Ley, robustecer los mecanismos estatales para prevenir, detectar y sancionar el lavado de dinero, y el financiamiento del terrorismo. Entre las medidas contempladas se incluyen mayores controles sobre transacciones financieras, la identificación de usuarios y la obligación de determinados sectores económicos de reportar operaciones sospechosas.

Con el Decreto 15-2026, Guatemala se alinea con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras normas globales orientadas a prevenir y combatir delitos financieros, con el fin de evitar su inclusión en listas de países con deficiencias en estos controles.

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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA