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— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) June 2, 2026

Solo en el 2024, los retrasos logísticos y de inspección en uno de los principales puertos del país llegaron a impactar hasta en un 35% el precio final que pagan los consumidores. A ello se suman que el costo diario de fondeo de un buque puede alcanzar hasta US$35 mil, que se traduce a más de un cuarto de millón de quetzales (Q268 mil 450 al tipo de cambio a finales de febrero), lo cual, multiplicado por tiempos de espera promedio de hasta 45 días por buques de graneles sólidos y 25 días para graneles líquidos, genera un impacto severo y acumulativo nacional y el costo de vida.

La segunda dimensión, sobre debilidades estructurales en materia de seguridad y protección portuaria, también exponen al país a crecientes presiones y observaciones internacionales, debido al riesgo que representa para la seguridad regional y para las cadenas logísticas internacionales que operan a través de los puertos guatemaltecos.

Los problemas identificados buscan solventar con las iniciativas unificadas: 6527 y 6541, que persiguen corregir la falta de una autoridad nacional moderna y autónoma; duplicidad de competencias; instituciones obsoletas creadas hace décadas con modelos incompatibles con la logística moderna; falta de procedimientos claros para inversión, expansión portuaria y las modalidades contractuales; además, la insuficiencia en estándares de seguridad, protección portuaria y cumplimiento del Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP).

El nuevo marco normativo garantizará eficiencia operativa, seguridad y protección portuaria, competitividad, inversiones sostenibles, certeza jurídica para actores públicos y privados, protección del interés nacional, institucionalidad técnica, mecanismos de fiscalización y representatividad.

PASO A PASO HACIA LA MODERNIZACIÓN

En el 2024, la X Legislatura da un paso importante para el abordaje del tema, con la aprobación del Decreto 26-2024, Ley de la Autoridad Portuaria Nacional, por medio de esta se garantiza puertos seguros y cumplimiento de normas internacionales. 

La Autoridad será la encargada de normar la actividad de la autoridad designada del Sistema Portuario Nacional, que conforma los servicios que se prestan en los puertos marítimos, incluyendo sus terminales especializadas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad y convenios ratificados por Guatemala, para promover el desarrollo, modernización y la competitividad en los puertos.

Sin embargo, atender las dos dimensiones sigue siendo un reto, por lo que, el mismo Decreto 26-2024, estableció que se debe poner a discusión el proyecto de ley general del sistema portuario nacional, lo que pone nuevamente bajo la lupa el trabajo de la X Legislatura.

El 5 de mayo de 2025 el Organismo Ejecutivo presentó la iniciativa 6541, ley general del sistema portuario nacional y el 15 de junio del mismo año es presentada al Pleno y enviada a la Comisión de Economía y Comercio Exterior. También, el 9 de abril del 2025, un grupo de diputados encabezada por Sandra Jovel, presentó la iniciativa 6527, ley general del sistema portuario.

En consecuencia, la Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Faver Salazar, inició el análisis de las iniciativas de manera separada. Para ello, se recibieron insumos entre los cuales se incluyó la presentación de la Comisión Portuaria Nacional, lo cual apoyó técnicamente en la elaboración de la iniciativa 6541. A finales de septiembre del 2025, la Comisión inició la construcción de un texto unificado de las dos iniciativas enfocadas a fortalecer los aspectos de seguridad y protección portuaria, generando mecanismo que permitan, al mismo tiempo, mejorar la protección portuaria y reducir los retrasos portuarios.

Las iniciativas cuentan con dictamen favorable de la Sala de trabajo en mención y, el Pleno, durante la celebración de la primera (1a.) Sesión Extraordinaria de este 2 de junio, busca aprobar por artículos y en su redacción final.

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