La Comisión de Reformas al Sector Justicia, presidida por el diputado Alvaro Arzú Escobar, aprobó el dictamen favorable de las iniciativas unificadas 6493 y 6719, que proponen reformas al Código Procesal Penal, Decreto 51-92, que buscan fortalecer el sistema de justicia, garantizar el debido proceso y una justicia pronta.

Las iniciativas plantean que la prisión preventiva sea aplicada únicamente en casos estrictamente necesarios y debidamente justificados, evitando que personas permanezcan privadas de libertad durante largos períodos sin una resolución definitiva. Además, promueve una regulación más clara de las medidas sustitutivas, así como de los criterios relacionados con el peligro de fuga y la obstaculización de la investigación.

La propuesta también hace énfasis en agilizar las audiencias de primera declaración y el cumplimiento de los plazos procesales, con el objetivo de evitar retrasos en los procesos judiciales. Otro de los aspectos relevantes es la reducción del hacinamiento en los centros carcelarios, mediante la limitación del uso excesivo de la prisión preventiva con la incorporación de mecanismos de control judicial e instrumentos institucionales que permitan verificar el cumplimiento de las medidas alternativas a la prisión.

Durante la discusión final los integrantes de la Comisión presentaron criterios técnicos para fortalecer el contenido de las reformas y definir con mayor claridad los artículos que conformarán la normativa. Entre los principales puntos analizados se encuentra la eliminación de términos ya derogados, la revisión de conceptos relacionados con tipos de penas y la incorporación de aspectos vinculados a actos terroristas, con el propósito de modernizar y armonizar la legislación vigente.

Los legisladores acordaron que se revisará los términos relacionados con actos de terrorismo incluidos en el Decreto 15-2025, reformas a la Ley General del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025; el Decreto 36-2024; y el Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras. Para que posteriormente, el dictamen final sea firmado por los legisladores integrantes de la Sala. 

En otro punto de la agenda, la Comisión conoció y discutió la iniciativa 6777, que propone reformas al artículo 15 del Decreto 77-2007, Ley de Adopciones. La diputada Sandra Jovel explicó que la propuesta fue trabajada en conjunto con la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y la Secretaría de Bienestar Social (SBS).

La congresista indicó que la iniciativa, integrada por 21 artículos, busca priorizar la protección y bienestar de la niñez, al garantizar que los procesos de adopción respondan al interés superior de los niños y no únicamente a las expectativas de los adultos. Con esta propuesta se pretende beneficiar a aproximadamente cuatro mil niños institucionalizados.

Durante la discusión también se destacó la necesidad de agilizar los procesos de adopción, debido a que actualmente los trámites pueden tardar varios años. Por ello, la iniciativa propone reducir los tiempos de los procedimientos para que las adopciones puedan concretarse en un período aproximado de ocho meses.

El diputado Ronald Ochaeta manifestó que es importante avanzar en reformas que permitan a los niños acceder a una familia que les brinde protección, estabilidad y mejores oportunidades de desarrollo, mediante procesos de adopción más ágiles y eficientes. “Se está privando a los niños de tener una familia digna, que les brinden los recursos necesarios, por los procesos engorrosos de adaptabilidad que se manejan en Guatemala” afirmó.

Por: Cinthya González

Fotos: Manuel Larios