La aprobación de una ley contra las pandillas es un paso importante hacia la construcción de un futuro más seguro y próspero para el pueblo guatemalteco y toda la región. Aquellos que apoyan a grupos terroristas, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, tendrán que rendir… pic.twitter.com/g9LhIemTxN

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 22, 2025

Además, la nota describe que aquellos que apoyan a grupos terroristas, como Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, tendrán que rendir cuentas bajo las leyes estadounidenses. “El crimen organizado no tiene cabida en nuestra región”, sentencia de manera contundente el mensaje. 

El pasado martes (21 de octubre), el Pleno del Congreso aprobó el Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras. La normativa fue respaldada por la mayoría de los legisladores de la X Legislatura, que ahora califica como terroristas a los integrantes de estas pandillas y endurece las penas para diversos delitos relacionados, entre estas la extorsión, usura, reclutamiento a menores para formar parte de los grupos criminales.

Asimismo, la normativa contempla la creación de centros penitenciarios de máxima seguridad para estos grupos, uno preventivo y otro para el cumplimiento de condenas, con el fin de promover una coordinación interinstitucional efectiva para abordar integralmente esta problemática.

La nueva Ley endurece penas para quienes cometan delitos y se elevan si los hechos son cometidos por parte de pandilleros. En tanto, la Ley sancionará con penas de 14 a 18 años de prisión y multas de Q100 mil a Q300 mil a quienes recluten, organicen o intimiden a menores de 18 años para participar en actividades delictivas.

También en la normativa se adicionaron nuevos delitos a la Ley Contra la Delincuencia Organizada (21-2006) y Código Penal, mismo incluyó delitos como reclutamiento ilícito de menores, extorsión, enriquecimiento ilícito extorsivo, comercialización de vehículos robados, asociación de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas y el uso ilegal de uniformes o insignias.  

Un punto clave es que, se contempla aumentar las penas para quienes cometan obstrucción extorsiva de tránsito, con sanciones de hasta 18 años de prisión y medidas cautelares como la inmovilización de cuentas bancarias.

Asimismo, endurece las sanciones por infringir prohibiciones para los detenidos, como cantidades de dinero (que dupliquen el monto de sus gastos personales), radios o teléfonos celulares, equipos para acceso a internet y drones.

Con la aprobación de la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, el Congreso de la República de Guatemala ratifica su compromiso por la seguridad de los guatemaltecos y de la región centroamericana.

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CONGRESO APRUEBA LA "LEY ANTIPANDILLAS"