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— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) September 25, 2025

Al otro lado del teléfono, a los padres de Ángel les informaban que su hijo había sido lanzado del puente Belice, por un grupo de pandilleros. La familia recuerda que, con base en las investigaciones, los mareros le entregaron un arma de fuego a Ángel, le ordena disparar a un piloto de transporte público, sin embargo, él se negó. Entonces sus captores le dieron dos opciones de morir: ser descuartizado o caer de un puente. El menor de 12 años prefirió la segunda opción.

 El otro caso fue, el 13 de julio de 2023, cuando dos hombres dispararon a quemarropa en contra de Domingo Gabriel Sicay Dávila, un adolescente de 14 años, quien salía del establecimiento educativo donde cursaba segundo básico.

El crimen ocurrió en la 12 avenida “B” y 6ª calle de la colonia Ciudad Nueva, en la zona 2 capitalina, en cercanías de su centro de estudios, el Instituto Adrián Zapata, luego que el adolescente saliera de su jornada al mediodía, junto a compañeros.

Estos dos hechos violentos que enlutaron a las familiares de Ángel y Domingo, que también conmocionó a miles de guatemaltecos, dando pie a crear una ley para proteger a niños, niñas y adolescentes amenazados por pandilleros para que no se integren a sus estructuras o cometan actos ilícitos.

Es así como el 14 de marzo de 2024, fue conocida por el Pleno la iniciativa de ley 6344, que aprueba la ley del sistema de alerta Ángel-Domingo. La propuesta surge ante la creciente problemática del reclutamiento forzoso de menores, principalmente en escuelas e institutos de zonas vulnerables del país.

El proyecto de ley busca prevenir la violencia y garantizar la vida e integridad de la niñez y adolescencia guatemalteca en el ámbito escolar, articulando esfuerzos interinstitucionales y priorizando el interés superior del menor.

El sistema de alerta funcionará a través de una Coordinadora Nacional, integrada por instituciones como el Ministerio de Educación, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público y Secretaría de Bienestar Social.

La iniciativa contempla medidas específicas como la reubicación de estudiantes amenazados, la creación del Refugio Ángel-Domingo para su resguardo, apoyo psicológico y jurídico, así como seguridad perimetral por parte de la policía.

Además, establece sanciones para funcionarios que omitan su deber de actuar ante casos denunciados. La Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Ángel-Domingo tendrá entre sus funciones coordinar, impulsar y ejecutar acciones de resguardo a la integridad de cualquier estudiante de los centros educativos del sistema nacional de educación, elaborar protocolos de actuación que atiendan al interés superior del niño, niña o adolescente de los centros educativos del sistema nacional de educación.

Con esta iniciativa, los legisladores reafirman su compromiso con la protección de la vida, la integridad y los derechos de la niñez y adolescencia, fortaleciendo el papel del Congreso en la construcción de un marco legal que responda a las demandas de seguridad y justicia del país.

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TRIGÉSIMA TERCERA (33) SESIÓN ORDINARIA ADICIONAL