La Comisión de Ambiente y Recursos Naturales, presidida por el diputado César Amézquita, desarrolló dos reuniones este miércoles: la primera fue con Enrique Xol, alcalde de Livingston, Izabal, autoridades ancestrales y líderes comunitarios, debido a la entrega de licencias ambientales a empresa minera para explotar en el municipio.

Los comunitarios externaron su preocupación ante la amenaza de una empresa minera que busca ingresar a hacer exploraciones en la Sierra Santa Cruz, Cerro 1,019, sin embargo, este es el único abastecimiento de agua para las 54 comunidades, por lo que buscan que no se explote esa área.

Además, indicaron que el cerro se declaró como área de protección especial desde el 2023 debido la riqueza en su flora y fauna, por lo que, no se debieron de haber autorizado dichas licencias. En ese sentido, el jefe edil pidió el acompañamiento de la Sala Legislativa en todo el proceso ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El diputado Amézquita informó que le ha dado seguimiento al tema y se encuentra en comunicación con Ana Patricia Orantes, titular de MARN para velar por el resguardo de los recursos hídricos de Guatemala, para garantizar el desarrollo de las comunidades, aldeas y caseríos del país.

En su segunda reunión, la Sala Legislativa se reunió con autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM); Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN); Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), para dar seguimiento al caso de la contaminación por bodegas Almacenadora del País (Alpasa) en Ciudad Real, zona 21.

Además, asistió Mauricio Bernardo, gobernador departamental de Guatemala quien informó que, en organización con las diversas instituciones, han acudido a inspeccionar el lugar nueve veces, en donde tomaron muestras del suelo donde se ha derramado el líquido, sin embargo, aún no cuentan con los resultados del análisis.

Los representantes de Amsa indicaron que sospechan de una sustancia llamada “Terbufos” pero debido a que este químico lleva guardado en toneles hace 26 años, el producto se degradó y en los análisis solo se encuentran fracciones de moléculas. Otro de los inconvenientes presentados fue que estos químicos se encuentran judicializados por la vía civil donde se embargó ese producto.

Actualmente están en dominio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quienes confiscaron el producto y arrendó el espacio en esta almacenadora. Por lo que, deben emitir una resolución para eliminar el producto de forma amigable con el ambiente cumpliendo con las normas debidas.

El presidente de la Comisión programó una próxima reunión para el martes 12 de agosto en donde se dará seguimiento al caso, además pidió un informe detallado de las acciones y resultados actuales para el día viernes 1 de agosto. A la reunión asistieron los diputados León Barrera, Ivanna Luján y Karina Paz.

Por: Karen Chávez

Fotos: Roberto De León Aguja