Los diputados del bloque Creo, Cristian Álvarez y Pablo Mendoza, citaron este lunes a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con el objetivo de fiscalizar la adquisición de alimentos para el Programa de Comedores Sociales.

Los legisladores cuestionaron a Erick Chun, director del Fondo de Protección Social del Mides, sobre la adquisición de alimentos a la empresa Banquetes de Guatemala S.A., ya que es la misma empresa favorecida por el gobierno anterior.

Según Chun, el programa cuenta con un presupuesto anual de Q127 millones para la compra de alimentos, de los cuales Q95 millones están comprometidos con dicha empresa hasta el 17 de junio.

Además, Chun informó que en febrero pasado visitó el comedor de la zona 6, donde detectó que, de 250 desayunos del día, la empresa solo había entregado 200, aunado a esto constató la mala calidad de las raciones. El funcionario indicó que, a pesar de los hallazgos, no realizó la denuncia respectiva. “Usted necesita verificar las licencias sanitarias, verificar la planta de producción”, refutó el diputado Pablo Mendoza.

Mientras que Lorena Pereira, directora de Prevención Social del Mides, afirmó que cerrarán cinco comedores y reducirán la cantidad de raciones, decisión que tomaron luego de un diagnóstico en cada establecimiento y con el que esperan ahorrar en el presupuesto, pero a la vez indicó que subirán 16 eventos de licitación a Guatecompras próximamente, para la compra de más alimentos.

El diputado Cristian Álvarez cuestionó que las bases de licitación no cambien y que beneficien únicamente a la referida empresa. Pero esta acción fue defendida por Verónica Molineros, directora jurídica del Mides, ya que aduce que no han encontrado otra empresa de alimentos y que deben cumplir con un amparo promovido por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), ante el riesgo que personas mueran de hambre.

La versión de Molineros fue rebatida por el diputado Álvarez, ya que el amparo era para la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y no indicaba el nombre de ninguna empresa. Además, indicó que defienden el fondo del amparo, pero a la vez contemplan cerrar comedores y bajar la cantidad de raciones, lo que, a su consideración, lo único que buscan es defender los intereses de la empresa en mención.

“Hay obligaciones administrativas que cumplir”, indicó Molineros, excusándose de la decisión de beneficiar a Banquetes de Guatemala. Los legisladores solicitaron una copia completa del amparo, un informe completo del proceso y un análisis jurídico del Mides, para continuar con la fiscalización del bloque legislativo.

Por: Doriam Morales

Fotos: Héctor Monroy