El diputado Nery Ramos y Ramos, Presidente del Congreso de la República, en compañía de los legisladores César Amézquita, Segundo Vicepresidente de Junta Directiva; y Raúl Solórzano, Segundo Secretario, presentó este miércoles una iniciativa de ley para la destrucción e inutilización de armas de fuego, sus componentes, municiones y explosivos, incompatibles para uso de las fuerzas de seguridad o con desperfectos.

El Presidente resaltó que según registros de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), del Ministerio de la Defensa Nacional, de 1989 a la actualidad, tienen bajo custodia o resguardo más de 74 mil  armas de fuego y otras situaciones que deben ser destruidas, por lo que se busca crear un marco legal en el tema. Las armas principalmente han sido incautadas por las fuerzas de seguridad del Estado.

Asimismo, resaltó que el almacenamiento de estas armas y otros componentes, generan un costo para el Estado y un riesgo para la población.  Ante esto, la iniciativa de ley, cuyo número de registro es el 6361, otorga los lineamientos para el proceso de destrucción y detalles de las armas y componentes que serían objeto de la normativa.

“Son todos aquellos excedentes de los almacenes judiciales, armerías de instituciones públicas y que sean declaradas como riesgosas, en estado obsoleto, inservibles o en desuso. Todo material armamentístico, bélico o pertrecho que constituya bienes del Estado y que no tenga alguna utilidad. Aquellas que han sido objeto de comiso y que cuenten con resolución competente en materia de ejecución penal, para el cumplimiento de una sentencia condenatoria y aquellas que en ejecución de despachos judiciales donde se ordene la destrucción en calidad de anticipo de prueba y todas aquellas armas prohibidas por la ley”, dijo el Presidente.

Para todo este procedimiento de destrucción de las armas, se contaría con un trabajo interinstitucional entre la Digecam y otras entidades principalmente del sector justicia como el Ministerio Público, Policía Nacional Civil, entre otras.

La propuesta de ley asigna algunas responsabilidades al Consejo Nacional de Seguridad, como es proponer políticas públicas para prevenir, combatir y erradicar la fabricación ilícita, tráfico, posesión, robo y uso de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados; implementar campañas de sensibilización en cuanto al uso de armas de fuego; velar por la debida coordinación interinstitucional, para que la misma sea efectiva y eficaz en el proceso de destrucción de armas. 

Por: Estuardo Zeceña

Fotos: Elizabeth Linares