Tiene como objetivo proporcionar protección a funcionarios y empleados del Organismo Judicial, de las fuerzas de seguridad civil y del Ministerio Público, así como a testigos, peritos, consultores, querellantes adhesivos y otras personas, que están expuestos a riesgos, por su intervención en procesos penales.
Crea el Servicio de protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal o el Servicio de Protección, que funcionará dentro de la organización del Ministerio Público.
Modifica DCX 40-94 Ley Orgánica del Ministerio Público: derogándole el art. 41.