Con la audiencia del titular del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), Álvaro González Ricci, la Comisión de Finanzas Publicas y Moneda finalizó con la primera etapa de audiencias públicas en el marco del análisis al proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el 2021.

En su intervención, González Ricci explicó a los congresistas que para el funcionamiento de la entidad necesitan de presupuesto Q375 millones,  de los cuales Q271 millones se invertirán en pago de salarios, Q66 millones para el pago de servicios, Q17 millones  por concepto de suministros y Q10 millones para la compra de mobiliario y equipo.

Además, despejó dudas respecto al techo presupuestario establecido en la propuesta que asciende a Q99 mil Q700 millones y recalcó que según la proyección, se espera una recaudación tributaria de Q61 mil millones.

Mientras que el presidente de esta Sala de trabajo, diputado Duay Martínez, externó su satisfacción por la actividad que tuvo la Comisión durante la semana, en la cual se escucharon los requerimientos de cada una de las carteras gubernamentales, Contraloría General de Cuentas (CGC), Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

Las autoridades convocadas coincidieron en la importancia de aprobar la propuesta presentada por el Organismo Ejecutivo, ya que permitirá tener una asignación específica para el 2021; actualmente se está trabajando con el presupuesto aprobado en el 2018 por un monto de Q82 mil Q839 millones, que según los funcionarios no cubre las necesidades de las entidades.

El titular de esta Sala Legislativa anunció que la próxima semana se recibirá  a otras instituciones que reciben aportes del Estado para su funcionamiento como, el Organismo Judicial (OJ), Ministerio Público (MP), Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Instituto de la Defensa Publica Penal (IDPP), Tribunal Supremo Electoral (TSE), Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve), Instituto de Fomento Municipal (Infom) y Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, entre otros.

Cada entidad tendrá 10 minutos para exponer sus requerimientos y 15 minutos para responder a los cuestionamientos de los legisladores; para la tercera semana de octubre la Sala Legislativa espera concluir con las audiencias públicas, previo a la entrega del dictamen para que el Pleno del Congreso de la República lo someta a discusión.

Por: Karla Herrera

Fotos: Rodrigo Arias