Diputados de la bancada Winaq, Sonia Gutiérrez, jefe de bloque y Edgar Batres, citaron a las autoridades de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), para fiscalizar y conocer detalles de la ejecución presupuestaria, plan operativo anual 2020 y el proceso para la elección de nuevas autoridades.

La legisladora informó que la citación obedece a inconformidades en las comunidades lingüísticas, del manejo de los fondos y de elección de los nuevos representantes. “Se busca fortalecer la institucionalidad de los pueblos indígenas, velar por la ejecución, pero también por la calidad del gasto”, dijo.

A la ALMG le fue asignado Q32 millones y a la fecha han ejecutado Q19.1 millones, un 56.32% del total de su presupuesto.

Sin embargo, los programas que ejecutan solo dos tienen avance financiero: Dirección y Ejecución ha ejecutado 12% y Promoción de Idiomas Mayas, 34.40%. Otros programas, como Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano, y Formación y actualización lingüística maya no tienen movimiento financiero.

María Esperanza Tuctuc Mux, presidenta de Junta Directiva de la ALMG, dijo que éstos no fueron ejecutados por las limitaciones de la pandemia del Covid-19 y las restricciones dictadas por el Ejecutivo de prohibir las actividades.

Referente a la elección de las nuevas autoridades, argumentaron que, debido a que no alcanzaron consensos con el Concejo no se ha iniciado el proceso como lo establece la Ley, de contar con un Comité Electoral, que debe llevar a cabo la elección.

De las 22 comunidades lingüísticas estuvieron presentes 13. La representante de la Comunidad Lingüística Pocomam indicó que no se han reunido desde el 12 de marzo, con lo cual les vedaron el derecho de participar.

Las inconformidades entre ellos y la Junta Directiva de la ALMG se dieron por una controversia sobre la autonomía y la aplicación del acuerdo de contención del gasto emitido por el Presidente de la República.

El Secretario de la Junta Directiva explicó que para la elección se destinados Q110 mil para contratar una comisión electoral. Sin embargo, éste aún no se ha efectuado a dos meses para llevar a cabo el cambio de autoridades.

La Dirección del Sector Educación, Cultura, Ciencia y Deportes de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), manifestaron su apoyo para que puedan dirimir sus dificultades administrativas y seguir brindándoles la asesoría jurídica.

Como resultado de la fiscalización, se concluyó en una reunión para el 13 de octubre.

Por: Ingrid Bran

Fotos: Roberto Aguja