El Día del Niño, que se festeja cada 1 de octubre, es una celebración dedicada a la infancia, y aunque este año es atípico por la emergencia sanitaria por el Covid-19, no deja de tener consecuencias positivas: una de ellas despertar conciencia para la protección de los niños y niñas para garantizar los derechos y que en el seno de la familia encuentre el bienestar, amor y desarrollo integral.

La primera celebración del Día del Niño fue en 1925 en Ginebra, Suiza; y en 1952  la Organización de Estados Americanos (OEA) y Unicef redactaron la Declaración de Principios Universales del Niño y se acordó que cada país debería fijar una fecha para festejar a los niños.  Guatemala comenzó a celebrarlo en 1924, según consta el Decreto Gubernativo número 850, modificado posteriormente por el Acuerdo Gubernativo en 1975,  que fija la celebración cada 1 de octubre. 

Guatemala fue el sexto país en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. A partir de esa fecha se inicio el proceso de reforma legislativa. En 1996 se aprobó el Código de Niñez y Juventud, que posteriormente fue sustituido en 2003 por la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia –Lepina-, a través del Decreto 27- 2003 del Congreso de la República, cuyo propósito es dar protección, desarrollo integral y sostenible a la niñez y adolescencia.

El Congreso de la República de Guatemala, consideró dentro de sus Salas de Trabajo la Comisión del Menor y la Familia, que tiene a bien proponer normativas a favor de este sector. En 2017 se presentó la iniciativa 5285 que aprueba la ley del sistema nacional de protección integral de la niñez y adolescencia.

En Guatemala la vulnerabilidad de la niñez es alta, por ello, la IX legislatura cree en la importancia de seguir avanzando en la legislación en favor de los niños y niñas, la cual implica una renovación de compromisos y centrarse en la acción de la política pública, la revisión del marco normativo y la actualización del sistema de protección social.

URGE LEGISLAR A FAVOR DE LA NIÑEZ

El diputado Osmundo Ponce, del bloque URNG-Maíz, en su calidad de presidente de la Comisión del Menor y la Familia, confirmó el compromiso del Congreso de la República para legislar a favor de la niñez en Guatemala.

El congresista dijo que está convencido que urgente legislar a favor de los niños del país, pues de esta forma se logrará avanzar en que las políticas orientadas hacia la defensa de los derechos de los niños y niñas sean acordes a los tratados y convenios firmados por Guatemala.

“En la Comisión creemos oportuno tener más elementos que favorezcan para contribuir, desde el Congreso de la República, a que dictámenes y leyes alcancen a mejorar las políticas públicas que hasta la fecha se han logrado en beneficio de los niños, niñas y adolescentes”, manifestó.

“Consideramos oportuno revisar el presupuesto 2020-2021, asignado para la niñez, para mejorar las condiciones para su buen desarrollo físico y emocional”, agregó el congresista Ponce.

El parlamentario hizo un llamado a las autoridades de las instituciones del Estado, para que revisen sus presupuestos y que sean orientados hacia mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes. “Debemos de tener voluntad política para de esta forma cumplir, como Estado, con los compromisos adquiridos en Leyes, Decretos e instrumentos internacionales ratificados”, enfatizó.

El diputado Ponce dijo que Guatemala es uno de los peores países para nacer, puesto que no se generan las condiciones para su desarrollo integral. “Aquí vemos el agravante de ser niño e indígena”, dijo.

“La Política Pública de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia se sustenta en el marco jurídico nacional e internacional vigente y en la voluntad política expresada por el Estado de Guatemala, al suscribir compromisos y formular políticas en materia de derechos humanos en general y de derechos de la niñez y adolescencia en particular”, manifestó finalmente el diputado.

LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN Y OTRAS LEYES

La Constitución Política de la República, busca el logro del bien común, la justicia social y la vigencia de los derechos humanos; mientras la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, reconoce que la niñez y adolescencia es sujeto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Los Acuerdos de Paz, suscritos en 1996, establecen compromisos para crear un país democrático e incluyente, que supere las causas que condujeron al conflicto armado interno; la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, establece el marco jurídico nacional para la protección integral de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

El Congreso de la República suscribió, el 26 de enero de 1990, la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que proclama la necesidad de educar a la niñez y adolescencia en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, e igualdad, para que como sujetos de derechos se les permita ser protagonistas de su propio desarrollo, para el fortalecimiento del estado de derecho, la justicia, la paz y la democracia.

SIN LUGAR EN AGENDAS

Marilis Barrientos de Estrada, funcionaria de la entidad Word Vision, resaltó que la Constitución Política de la República establece que el Estado debe garantizar a los niños y niñas los derechos a la educación, salud, vivienda y recreación, entre otros.

Asimismo, recordó que los niños son sujetos de Derecho a la Protección en la familia a ser tratados con amor y el Estado garantizarles el bienestar desde todos los ámbitos de la sociedad, puesto que tienen los mismos derechos que los adultos.

“Las medidas legislativas actualizadas deberán ser compatibles con la Convención, puesto que ésta tiene preeminencia sobre la Constitución Política”, recordó Barrientos.

Octavio Enríquez, de la organización Save The Children, dijo que los niños deben gozar de una protección integral por parte del estado de Guatemala. “El país, al ratificar la Convención sobre derechos humanos de los niños, esa legislación también cobra vigencia en Guatemala y es por ello que se debe velar por el cumplimiento del Artículo 3ro. de la misma. La principal función del Estado es proteger a la familia y todo lo que un necesita es una familia”, argumentó.

Dichos planteamientos los hicieron con base a lo establecido en el Artículo 4 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño que dice “…los Estados miembros deben adoptar leyes para efectivizar los derechos reconocidos, coordinarpolíticas y programas que apoyen a los niños y establecer mecanismos institucionales que prioricen los derechos de los niños a nivel nacional…”.

 

Por: Ingrid Bran Y Miguel Ángel Velasco

Fotos: Arte: Mario Sierra

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