La Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República, a través de su presidente, el diputado José Alejandro de León, presentó la iniciativa que aprueba la ley de cultura de cumplimiento normativo y parámetros de uso de normas técnicas y estándares internacionales en el sector público, enfocados a promover el buen uso de los recursos del Estado.

“El Estado de Guatemala debe fijar parámetros estratégicos para que las normas técnicas y estándares internacionales se adopten en las instituciones del sector público, como parte de una cultura de calidad y respeto a las normas jurídicas, precisamente para cumplir con el régimen de legalidad administrativo, civil y penal que genera la responsabilidad de los servidores públicos”, dijo el diputado en conferencia de prensa.

Así mismo, entregó a Dirección Legislativa el proyecto de ley del oficial de cumplimiento para el sector público.

“Se crea la figura de  oficial de cumplimiento para el sector público con el objeto de velar por la integridad pública, la probidad, la confianza institucional, la certeza jurídica, la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia en las instituciones del Estado”, dijo el congresista al respecto.

LOS PROYECTOS DE LEY

Enfocados  en promover la eficiencia y el buen uso de los recursos financieros en la gestión pública en el país, la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República, presidida por el diputado José Alejandro De León, de la bancada Podemos, presentó las iniciativas de ley que permitirán que las instituciones tengan acciones más proactivas.

La primera iniciativa tiene por objeto regular los parámetros del uso de normas que se adoptan en el sector público, a fin de consolidar una cultura de cumplimiento normativo de los servidores públicos basada en la integridad pública, la probidad, la confianza institucional, la certeza jurídica, la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia.

En tanto, el oficial de cumplimiento para el sector público, sería una dependencia que tendrá como objeto de velar por la integridad pública, la probidad, la confianza institucional, la certeza jurídica, la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia en las instituciones del Estado.

La dependencia será el encargado de ejercer la vigilancia temprana, oportuna y preventiva en las instituciones del sector público para el correcto desempeño en materia de transparencia, probidad y anticorrupción.

El oficial de cumplimiento para el sector público será un cargo público que gozará de autonomía de funciones e independencia operativa, al que le son aplicables todos los derechos y obligaciones laborales establecidas en las leyes de la República y cuya actuación es previa y fundante de la cultura de denuncia en materia de integridad pública.

Por: Nery Morales Y Oscar Felipe

Fotos: Héctor Monroy