Debido a que constituye una de las riquezas naturales más importantes para el país, tanto en términos biológicos como económicos, razón por la cual los diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), encabeza por el congresista José Inés Castillo, presentó el proyecto de ley para la creación de la autoridad para el manejo sostenible del Canal de Chiquimulilla, humedales y cuencas hidrográficas del Litoral del Pacífico.

Este ente estaría integrada por una junta directiva conformada por al menos 17 representantes del sector público y autoridades comunitarias, de cada uno de los municipios ubicados en el litoral del pacifico.

Dicha iniciativa busca proteger, conservar, preservar y restaurar 308 kilómetros lineales, desde Jutiapa hasta Ocós, San Marcos; siendo el Canal de Chiquimulilla y los Humedales del Pacífico uno de los más grandes de Latinoamérica, cuya importancia radica en la generación de productos pesqueros marítimos y artesanales para la seguridad alimentaria del país.

El diputado Castillo destacó que la iniciativa tiene tres objetivos: la protección de la pesca, del bosque manglar y convertir el área en un destino turístico.

Además, agrega que es de especial importancia debido a que protegería una formación natural extremadamente valiosa, desde el punto de vista biológico, además, en esta región se encuentra el avistamiento de aves migratorias más importante de Centroamérica, lo que se podría aprovechar turísticamente.

Actualmente muchas especies están en peligro de extinción, por lo que es urgente que el Estado cumpla con su obligación de proteger el área.

Dentro de los puntos más relevantes de la iniciativa, además de crear la autoridad para el manejo sostenible, se establece la prohibición de la quema de caña, toma de ríos y el uso de madurantes.

En un plazo de cuatro años las municipalidades del Litoral del Pacifico, así como las que atraviesan las cuencas hidrográficas, estarían obligadas a implementar proyectos de tratamiento de desechos sólidos, aguas negras y proveer a la población agua para consumo humano. Facultando a la Autoridad a imponer sanciones de hasta Q1 millón en caso de incumplimiento.

Los recursos financieros para el funcionamiento y fines de la instancia, serían asignados del presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación, pudiendo aceptar donaciones, así como asistencia técnica nacional e internacional.

Por: Ingrid Bran

Fotos: Héctor Monroy