Luego de conocerse las condiciones en que viven niños y niñas que conviven con sus madres privadas de libertad, en los distintos centros carcelarios, los diputados que integran la Comisión del Menor y la Familia buscarán los mecanismos para crear un método para otorgar alimentos, seguridad, salud y educción a los menores.

La diputada Ligia Hernández, en su calidad de Secretario de la Sala Legislativa, presentó los resultados de una investigación que refleja que los hijos de las privadas de libertad no reciben alimento por parte del Sistema Penitenciario (SP), ya que el Estado no cuenta con una partida presupuestaria para este tema, por lo que son organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales que se han hecho cargo de la alimentación.

El informe establece que actualmente son 75 niños, de cero a cuatro años de edad, quienes conviven con sus madres en los centros carcelarios; Santa Teresa y Cetro de Orientación Femenil (COF). Los infantes no cuentan con un lugar específico para su recreación y asistencia en salud, a lo que se debe agregar la falta de agua potable y espacio para dormir.

El diputado Osmundo Ponce, presidente de la Comisión,  lamentó la falta de atención para los menores de edad, que incluye las mujeres embarazadas privadas de libertad y policías del SP.

Andrea Barrios, del Colectivo Artesana y Magda Medina, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unifec), destacaron que durante los últimos años las entidades que representan se hecho cargo de la entrega alimentos a los menores, sin embargo, con la crisis sanitaria por el Covid-19, ha sido difícil obtener los recursos para otorgar la ayuda.

Los legisladores no descarta la posibilidad de impulsar reformas a la Ley de Sistema Penitenciario, Decreto 33-2006 o crear una nueva normativa que obliga al Estado que se haga cargo de la seguridad alimentaria de los menores, además, que vele por la educación, salud y seguridad de los infantes.

El diputado Armando Castillo, Tercer Vicepresidente del Congreso de la República, recomendó que se debe hacer una citación a las autoridades de las distintas dependencias del Estado encargadas de los penales, para que brinden protección a la niñez y adolescencia.

Por: Karla  Herrera

Fotos: Comunicación Social