La Comisión de Descentralización y Desarrollo, presidida por el diputado Edgar Batres, de la bancada Winaq, verificó la situación del Centro de Administración de Justicia (CAJ) en Santiago Atitlán, Sololá, que ha dejado de funcionar debido a que sus instalaciones fue declarada de alto riesgo.

A la actividad acudió la diputada Sonia Gutiérrez Raguay, también de Winaq, y los congresistas Gustavo Cruz, del bloque BIEN; y Lesly Valenzuela, de la UNE, participaron virtualmente.

Para conocer a detalle la situación se convocó al Secretario Ejecutivo de la Instancia del Sector Justicia, Héctor de León; Carlos Enrique Polanco, representante de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y Bartolomé Ajchomajay, alcalde de Santiago Atitlán.

De acuerdo con las autoridades, desde el 2005 las instalaciones fueron declaradas en alto riesgo a causa de los daños provocados por la Huracán Stan, situación que implicó que las instituciones que laboraban en el inmueble fueran desalojadas.  

Los legisladores solicitaron nuevos estudios para determinar el estado actual del edificio y con los fondos aprobados por el Congreso destinados al Sector Justicia, se remocen las áreas y se reanuden las funciones.

El edificio representó una inversión de Q14 millones y permite que varias entidades, entre ellas la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), el Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Organismo Judicial (OJ), puedan prestar su servicio a los vecinos de la localidad y en comunidades aledañas, sin embargo, desde hace 15 años no han podido operar.

La intermediación de los legisladores permitió que cada entidad desarrolle una función específica para que este centro pueda abrir sus puertas y atender a la población.

Por: Ingrid Bran

Fotos: Elizabeth Linares