Coordinada por el diputado Armando Castillo, Tercer Vicepresidente de Junta Directiva, la Comisión Específica de Protección Ciudadana se reunió con  representantes de Instituciones del Sector Justicia, entre ellas el Organismo Judicial (OJ), Ministerio Público (MP), Ministerio de Gobernación (MINGOB), Sistema Penitenciario (DGSP), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), entre otros para verificar la situación actual de privados de libertad vulnerables ante la Pandemia del COVID-19.

Varios participantes coincidieron en cuanto a que en la actualidad en las  cárceles que funcionan en el país no existen  las condiciones para que una persona infectada con COVID-19, pueda recibir un tratamiento y consideraron como personas vulnerables a   embarazadas, de la tercera edad o enfermos crónicos. El hacinamiento en los centros de privación de libertad se puso del conocimiento de los presentes, ya que las 22 prisiones del país albergan un total de 26,271 individuos, contando prisión preventiva y cumplimiento de sentencias condenatorias.

Al momento de analizar la iniciativa de ley número 5564, que busca Reformar el Decreto 51-92 Código Procesal Penal y el Decreto 17-73 Código Penal, con el objetivo de proteger los derechos de las personas más vulnerables en las cárceles, el Magistrado Presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, Josué Felipe Baquiax, explicó que no era necesaria una nueva legislación en el tema, ya que basado en nuestra Constitución Política de la República, normas internacionales y una buena coordinación interinstitucional, se puede proteger la vida de los reclusos.

Los participantes en la reunión estuvieron de acuerdo con lo expuesto por el Magistrado Baquiax, por lo que se hará la recomendación a los Jueces para que se tome en cuenta la situación de una persona vulnerable y darle la oportunidad de ser beneficiado con una medida sustitutiva si las circunstancias lo permiten. Además el Sistema Penitenciario deberá agilizar los informes de reclusos vulnerables para tomar en cuenta la situación incluyendo la etapa de Ejecución del Proceso Penal.

“El Magistrado Baquiax dijo claramente que no pueden ordenarle a los Jueces pero si pueden hacerles ver que es lo que se está hablando por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a las personas vulnerables” dijo el Vicepresidente Castillo.

ALCALDES PIDEN AGILIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA ADQUISICIONES DE LAS COMUNAS

La Comisión Específica de Protección Ciudadana también escuchó al Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Miguel Ovalle y a otros Alcaldes del país, quienes solicitaron a congresistas que se apruebe la iniciativa de ley 5703, misma que propone Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92. Esto para ampliar los montos para compras directas y de esa manera se agilicen las adquisiciones necesarias para afrontar la emergencia por el COVID-19, procurando siempre preservar el principio de transparencia.  

Con esto se establecen las compras de baja cuantía en un monto de hasta  Q100 mil, compra directa entre Q100 mil y Q200 mil, entre otras regulaciones.

Los diputados presentes en la reunión indicaron que solicitarán que la propuesta de ley sea enviada al Pleno del Congreso de la República en su próxima Sesión, y de esa manera apresurar su aprobación, estableciendo así los montos  y plazos para las compras y adquisiciones del Estado, principalmente para darle la atención debida a la actual crisis sanitaria. 

Por: Estuardo Zeceña

Fotos: Roberto Aguja