Para  conocer a detalle los resultados del Censo Nacional de Recursos Humanos 2017-2018, los diputados de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), escucharon a representantes del Instituto Nacional de Estadística (INE)  entidad que tuvo a su cargo el estudio.

Uno de los temas abordados es el que establece que 37, 944 empleados públicos no pudieron ser censados porque no se ubicaron en su lugar de trabajo y que podría tratarse de plazas fantasmas.

Mauricio Guerra, Gerente del INE, en relación a los empleados públicos no censados, confirmó que no fueron censados e indicó que fueron buscados dos y tres veces.

 Guerra  entregó a los diputados detalles  de las 85 unidades que fueron tomadas en cuenta para el estudio, entre estas ministerios de Estado  y secretarías.

Al respecto, el diputado  Carlos Barreda indicó que  son alrededor de 12 mil personas no identificadas del sector educativo, unas 10 mil de salud pública, unas cinco mil personas en el ministerio de la defensa, mil en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).  “Son datos que comienzan hacerse públicos y empiezan a develarse”, dijo el legislador.

Barreda también cuestionó el hecho que,  además de los 37,944, el INE tampoco  certificó  si 10 mil personas fueron censadas o no en el Ministerio de Gobernación, pues las autoridades de esa cartera no permitieron el  acceso del personal técnico del INE para que realizara el censo, por lo que se generaron inconsistencias y anomalías que fueron trasladadas a la Contraloría General de Cuentas.

“Recomendamos que la Contraloría haga una auditoría de nómina y presente las denuncias correspondientes si de alguna manera hubiera ilegalidades, malas prácticas o plazas fantasmas. La cifra puede elevarse a 47 mil personas que no fueron censadas”, dijo el congresista, quien confirmó que citará para la próxima semana al contralor, al ministro de Economía y a los  directores del INE para analizar la información del censo.
Autoridades del INE por su parte, confirmaron que el 78 por ciento de los empleados públicos tiene salarios entre Q3,000  y Q10,000 quetzales, por lo que el diputado Barreda cree que son más de Q2 mil 500 millones al año que no hay certeza que las personas que se le esté pagando sus salarios estén cumpliendo con sus obligaciones laborales. Habrá que hacer cruces de información, dijo.

El diputado Orlando  Blanco cuestionó la tardanza en que se está entregando los resultados del censo, puesto que en año y medio se dan muchas variaciones en la planilla.

Mientras tanto, Fredy Gómez, subgerente del INE, informó que el costo del censo fue de unos Q25 millones, de los cuales 2.8 millones de dólares fueron donados por la Unión Europea y administrados por el Banco Mundial.  

Por: Oscar Felipe

Fotos: Miguel Plato