La Mesa Técnica que analiza las enmiendas a la  iniciativa 5564 que propone reformas a los Decretos 51-92, Código Procesal Penal y 17-73, Código Penal continúan su trabajo, confirmo el diputado Leonel Lira, quien coordina el trabajo.

Fue el congresista Lira, ponente de la iniciativa,  quien informó que la mesa técnica conoció seis reparos que fueron presentados por él mismo y por el diputado José Manuel Díaz-Durán, ambos integrantes de la comisión.  

Lira  también confirmó que  recibieron otras 17 enmiendas, presentadas por personas particulares, las cuales llegaron por medio  de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, que preside el diputado Cornelio García García.

Se lograron  consensos en tres enmiendas: control de la justicia, implementación de la Unidad de control de medidas de coerción y la vigencia de las reformas, mientras que fue retirada  la propuesta de incluir un nuevo artículo, que se refiere a imponer penas de prisión, entre tres y seis años a fiscales que imputen hechos falsos.

En relación al control de la justicia, los diputados pretenden que la fase intermedia se prolongue a cuatro meses, plazo en el cual el Ministerio Público debe formalizar acusación, caso contrario el juez  apercibirá  por tres días al fiscal del caso, quien si no formula pronunciamiento en ocho días máximo, propiciará la clausura provisional del procedimiento.

Otros de los puntos que logró consenso es la implementación de la Unidad de Control de Medidas de Coerción, lo que significa que en un plazo máximo de seis meses el Ministerio de Gobernación implemente y aplique el control de vigilancia electrónico de la Ley de Implementación del Control Telemático en el proceso penal, según el Decreto 49-2016.

Para ahondar en este tema, la mesa acordó citar a representantes del Ministerio de Gobernación, para que aclaren las razones de la no implementación después de varios años que fue aprobada esta normativa.

Otro de los temas discutidos fue el artículo 26 de la iniciativa, que se refiere a la vigencia de las reformas, puesto que el decreto cobraría vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, pero se exceptúan los numerales 4, 5 y 6 del artículo 268 del Código Procesal Penal, que entraría en vigencia un año después, sin embargo, se propone que la vigencia del mismo sea en los próximos seis meses.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Cornelio García García, Carlos Fión Morales,  Armando Escribá, Fernando Beltranena, Luis Hernández Azmitia, entre otros; además, representantes del Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal y de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La iniciativa, que está en fase de aprobación en tercera lectura, por artículos y redacción final, fue retirada de la agenda legislativa, según lo acordado en la Instancia de Jefes de Bloque.      

Por: Oscar Felipe

Fotos: Rodrigo Arias