En 2016 un Comité de Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) evaluó al Estado de Guatemala en torno al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ese fue el tema abordado en la reunión entre  diputados  de la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad y  representantes de diversas instituciones encargadas del tema, entre otras, el Consejo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad (CONADI) y organizaciones de la sociedad civil.

En la reunión, en presencia de autoridades del Ministerio de Salud, PGN, Consejo Nacional de Adopciones, Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia y  PDH, se expuso la ruta de abordaje a seguir para la desinstitucionalización de las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en la situación de protección de abrigo.

“Nosotros hemos tenido más de un año para  dialogar acerca del tema y  se ha construido una hoja de ruta a seguir y la hemos presentado a las instituciones que tiene relación,  resaltó Sebastián Toledo, de Conadi, mientras Rafael Campos, coordinador del equipo multidisciplinario del Consejo Nacional de Adopciones, comentó que en esa institución atienden y bridan atención y protección a 608 personas con distintas discapacidades, 265 casos de adultos mayores con discapacidades diferentes y 343 niños, niñas y adolescentes con problemas de capacidades especiales.

Claudia Maselli Loaiza, procuradora adjunta II de la PDH indicó: “vemos positivo que hay instituciones que si se coordinan y que hay una corresponsabilidad institucional entre ellas para garantizar  los derechos de mayores y menores, aunque hay casos de debilidad institucionalidad, como   en el Hospital Federico Mora, hay retos importantes por hacer en salud  metal y hay una iniciativa de ley pendiente por aprobar en el Congreso”.

La representante de la Unidad de Personas con Discapacidad de la PGN  expuso que hay muchos casos en donde los jueces, magistrados y algunos funcionarios  desconocen el contenido de la Convención y sus recomendaciones “hay varios casos judiciales en los que los funcionarios judiciales no quieren entrar a conocer los procesos y casos de menores y adultos mayores con discapacidad y estos se retardan, allí hay una violación flagrante a sus derechos humanos”, dijo.

Alvar Pérez Méndez, viceministro del despacho y área de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, enfatizó en la reunión sobre los avances que se han generado en el Ministerio de Salud “como la firma de un acuerdo ministerial en esa materia y otras acciones de carácter positivo para las personas con discapacidad”.

Durante la reunión trataron la situación complicada que atraviesan instituciones que no tienen los suficientes recursos financieros para brindar  una mejor atención a ese sector de la población olvidada, también de una consulta que debe hacer la referida comisión legislativa a la Corte de Constitucionalidad sobre el tema, y un acercamiento con funcionarios del Registro Nacional de las Personas (Renap) y que la ruta de abordaje propuesta por Conadi la debería de impulsar y conocer el Gabinete Especifico de Desarrollo Social coordinado por autoridades del Organismo Ejecutivo y la creación de los centros de rehabilitación comunitarios para las personas discapacitadas.

La diputada Sandra Morán, quien preside de la sala legislativa manifestó: “hoy tratamos los avances que se deben hacer en la ruta de la atención de los niños y adolescentes que están institucionalizados y se hizo la entrega de esa ruta de abordaje a las instituciones encargadas en el tema, en tres meses nos volveremos a reunir y conocer los planes y avances para definir el trabajo a seguir y una de las recomendaciones de la ONU es que se aprueben varias leyes para las personas con discapacidad”, finalizo la diputada Morán.

La Convención Sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, hace referencia a varias acciones como la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Por: José Castellanos

Fotos: Roberto Aguja