Autoridades ancestrales de las comunidades Q’eqchi’ del departamento de Alta Verapaz, acompañadas por el  diputado Leocadio Juracán,  del bloque Convergencia, anunciaron la interposición de un recurso  de oposición, por la instalación de una hidroeléctrica sobre el Río Cahabón.

Dicho proyecto a cargo de la empresa Oxec, S.A. contempla la construcción de la planta generadora, en tres fases (Oxec I, II y III), siendo las últimas dos las que han generado mayor inconformidad entre los habitantes del citado lugar.

De acuerdo con el activista Julio González del Colectivo Madre Selva, el pasado 1 de agosto este complejo hidroeléctrico, presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para que este otorgue la licencia que da vía libre a la construcción de la tercera fase.

No obstante, González asegura que la empresa registrada en Panamá, está incurriendo en irregularidades, debido a que, previo a autorizarse el proyecto por el MARN y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), ambas carteras deben realizar  una consulta popular a los pueblos, sin embargo, dicha consulta fue realizada solo en  11 de las 195 comunidades aledañas al río.

La acción legal resalta que la empresa esta violando la legislación del país, al solicitar una nueva licencia, cuando a la fecha hay un litigio por la edificación de la fase II. Dicho litigio esta en proceso desde el 2016, debido a la denuncia del líder comunitario Bernardo Caal Xol, quien señaló que la obra fue construida en tierras que son propiedad del Estado de Guatemala, tal y como lo ratifica un informe del Fondo de Tierras.

Según el activista, por la  denuncia Caal Xol fue amenazado y sujeto a  una persecución penal  que lo llevó al encarcelamiento. "Este consorcio afecta la vida de casi 30 mil indígenas quekchíes que viven en zonas cercanas al Cahabón, destruyendo además el ecosistema que allí habita a través del despojo de tierras estatales,  y peor aún,  la criminalización de los líderes comunitarios”, mientras María Caal, electa concejal cuarta para el próximo período, pidió a la empresa resarcir a las comunidades.

Por su parte, el diputado Juracán se comprometió a dar seguimiento a la denuncia y acompañar  en todo el proceso a las autoridades ancestrales. “Nos parece preocupante que las instituciones del Estado,  a pesar de conocer las consecuencias de estos proyectos sigan otorgando licencias de exploración y construcción, se debe  proteger la naturaleza y su ecosistema, así como el derecho inherente de estos pueblos a ser consultados”, concluyó Juracán.  

Por: Karen Mendoza

Fotos: Estuardo Zeceña

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