Son tres años los que han transcurrido desde que el Congreso de la República aprobó el Decreto 49-2016, Ley del Control Telemático, la cual sigue sin implementarse. Es una normativa poco clara y hace falta el reglamento, fue la respuesta que autoridades del ministerio del interior dieron a los diputados de la Comisión de Gobernación del Congreso, coordinada por la diputada Vivían Preciado Navarijo. .

El control telemático es un mecanismo que sirve como alternativa a aquellas personas sujetas a un proceso penal y que no son enviadas a prisión preventiva porque se les otorga una medida sustitutiva.  Dicho dispositivo permite a las fuerzas de seguridad tener el control de la ubicación del imputado, previniendo así la fuga o la obstaculización de la justicia.

Remberto Ruiz, viceministro Administrativo del Ministerio de Gobernación (Mingob) explicó que para la puesta en marcha de este marco jurídico, el Estado necesita para adquirir la tecnología, un estimado de Q30 millones para la capital y Q100 millones más para los departamentos.

No obstante,el director técnico del presupuesto, del Ministerio de Finanzas Públicas, Francisco Javier Ortiz,  aseguró que a la fecha no hay una partida presupuestaria identificada para el tema,  ni requerimiento de los recursos por parte del Mingob, el funcionario añadió que en el proyecto de Presupuesto 2020 tampoco se registran los fondos para su implementación.

Por su parte Gabriel Juárez, viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación del Mingob, informó que desde el 2018 las bases de licitación fueron colgadas  en el Portal Guatecompras, tal y como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo, reconoció que hacen falta afinar algunos temas.

Juvell Stuardo de León, director del Sistema Penitenciario, dijo que si bien el dispositivo permitiría reducir el hacinamiento de las cárceles, no sería la solución más óptima. “Nos encontramos con un déficit de cárceles, por lo que invertir  en más infraestructura vendría a ser la opción que pueda acabar con la problemática de raíz”, agregó.

Tras escuchar los argumentos, la diputada Preciado Navarijo dijo que la sala legislativa dará seguimiento al tema. “Hoy se evidenció falta de interés de parte de las autoridades para la implementación de un mecanismo que fue aprobado por el Congreso en el 2016, por lo que la otra semana volveremos a citar a las autoridades involucradas para constatar el avance”, concluyó.

De acuerdo a datos del Sistema Penitenciario a la fecha hay 25 mil 246 privados de libertad, entre ellos, 13 mil 046 condenados y 12 mil 200 en estatus de detención preventiva, estos últimos podrían ser beneficiados con dicha medida y así contribuir con el deshacinamiento de los centros carcelarios.   

Por: Karen Mendoza

Fotos: Roberto Aguja