De acuerdo al cronograma de trabajo de la  Comisión Pesquisidora que analiza el expediente de antejuicio en contra del Ministro de Economía (Mineco), Acisclo Valladares Urruela, este lunes el funcionario presentó sus pruebas de descargo.

En su exposición el Ministro reconoció haber sido Mandatario General de la empresa Comunicaciones Celulares, S.A.    y Director Ejecutivo de una  Fundación y en esa calidad debió participar en diferentes actividades, entre ellas,  atender  una solicitud técnica sobre una iniciativa en el ramo de las telecomunicaciones, sin embargo negó haber incurrido en hechos ilícitos.

“Es importante, que dentro de la denuncia,  tanto la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP), omiten mencionar que del 2012 al 2014, fui electo como Presidente de la Gremial de Telecomunicaciones de la Cámara de Industria, y en tal virtud,  era necesaria mi relación con otras empresas del ramo, así como con el sector público”, resaltó.

En su defensa argumentó que los testigos en el caso no lo mencionan y que incluso, varias de estas declaraciones fueron invalidadas por un juzgado competente. “Hay una  resolución judicial de noviembre de 2017 que  declara nulos los indicios de este  caso, es decir, que todo lo presentado por la parte denunciante de esa fecha para acá, adolece de ilegitimidad”, por lo que por ello reitera que a su criterio el antejuicio es  político ilegitimo y espurio. “Las diligencias se llevaron como parte  de un plan al que calificó como “mediatización de la justicia”, añadió.

El ministro es  investigado por su posible involucramiento en delitos como asociación ilícita y cohecho pasivo  por el pago de dadivas para la aprobación de una ley, cuando fungía como representante de una entidad mercantil de la que se presume provinieron los recursos y que según Cicig y Feci, fue la única beneficiada en los primeros seis meses de vigencia de la ley.

Luego de la declaración del Ministro Valladares,  el diputado Aníbal Rojas,  presidente de la comisión confirmó que  se reunirán el próximo miércoles  para analizar lo expuesto en las audiencias. Se encuentra todavía en análisis  la necesidad de citar nuevamente a cualquiera de las partes con el fin de consolidar el informe final”, concluyó.

De acuerdo con el Decreto 85-2002, la instancia conformada para analizar la solicitud de retiro de inmunidad, tras escuchar a las partes, deberá consignar su recomendación en un informe circunstanciado que será entregado a Junta Directiva, y esta en su efecto lo elevara al Pleno del Congreso, que con mayoría calificada decidirá si quitarle o no el derecho de antejuicio al funcionario.   

Por: Karen Mendoza

Fotos: Héctor Monroy