En la continuidad de las diligencias por el antejuicio que se promueve en contra del Ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, la Comisión Pesquisidora escuchó al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval y a Luis Omar Mejía, agente Fiscal encargado de la investigación preliminar. Ambos ratificaron la solicitud para que al funcionario se le retire la inmunidad.

Sandoval acudió al  Salón del Pueblo del Congreso y expuso que la investigación comenzó con  la denuncia presentada el 4 de agosto del 2017 por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en la que se detalla la posible comisión  de actos delictivos por altos mandos del Ejecutivo, del periodo 2012 al 2014.

Según Sandoval, tras la denuncia se recabó información con el objetivo de determinar y corroborar los posibles hechos que podrían ser constituidos en actos fuera de la ley. “Se iniciaron las diligencias que permitieron identificar que el Ministro de Estado podría estar involucrado”, señaló.

La solicitud de retiro de inmunidad es para que Valladares Urruela sea investigado por su posible involucramiento en delitos como asociación ilícita y cohecho pasivo  por el pago de dadivas para la aprobación de una ley, cuando fungía como Director Ejecutivo de una empresa telefónica que se presume aportó  los recursos.

Entre los indicios, el Agente Fiscal resaltó las 5 declaraciones testimoniales del personal de la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad (SAAS), en el traslado de maletas que contenían dinero, que supuestamente  era  entregado en el 2014 a diputados para garantizar la votación a favor de la iniciativa.

Un tema que causó suspicacia fue que dentro los 9,723 folios de los que consta el expediente, el MP adjunta unos discos con las entrevistas a testigos. “Nos llama la atención que en uno de los audios, el Ministerio Público no deja que el testigo concluya con su declaración, situación que nos deja con la duda de los métodos y protocolos que utiliza el ente investigador”, resaltó el secretario de la Comisión, Manuel Giordano.

Los funcionarios estiman que los pagos a diputados fueron  a través  del ahora titular del Mineco, quien es señalado de encabezar la estructura criminal, que propició  la aprobación de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos.

La investigación detalla que las empresas fueron beneficiadas con la instalación de más de 3 millones de metros de fibra óptica, 34 mil postes y 455 antenas que constituyen el 90.6, 78.68 y 98.70 por ciento, respectivamente, de lo instalado entre todas las empresas de ese ramo en el país.

Tras escuchar los argumentos el diputado Aníbal Rojas, presidente de la instancia legislativa aseguró que continuaran con el cronograma establecido. “El próximo lunes escucharemos al Ministro. Es importante recordar que esta comisión no constituye un órgano jurisdiccional, sin embargo es la responsable de recabar la información y analizarla para identificar si el motivo de la denuncia es espuria, ilegitima o política”, puntualizó.

De acuerdo con el Decreto 85-2002, la instancia conformada para analizar la solicitud de retiro de inmunidad, tras escuchar a las partes, deberá consignar su recomendación en un informe circunstanciado que será entregado a Junta Directiva, y esta en su efecto lo elevara al Pleno del Congreso, que con mayoría calificada decidirá si quita  o no el derecho de antejuicio al Ministro de Estado.  

Por: Karen Mendoza

Fotos: Com. Soc. Congreso