Cumpliendo con la labor de fiscalizar y en su calidad de Presidenta de la Comisión de Salud, la congresista Karla Martínez Hernández se reunió con autoridades de los ministerios de Salud y Trabajo, de la  Contraloría General de Cuentas y de la Procuraduría de los Derechos Humanos para buscar solución a las incongruencias administrativas y financieras denunciadas por quienes analizan en dos mesas técnicas la situación que se vive en el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN).

Byron Lavarreda, representante del INCAN  presentó un informe detallado sobre las necesidades administrativas y financieras que atraviesan en la institución “es preciso que se hagan varios cambios internos en la entidad para que funcione de forma adecuada y se brinde una mejor atención a los pacientes, dijo.

Sin embargo, Zulma Calderón, representante de la PDH, advirtió que en esa entidad varias personas han denunciado cbros exagerados e ilegales por exámenes oncológicos de pacientes  referidos por el Ministerio de Salud “seguiremos velando para que se garanticen los derechos de los pacientes y trabajadores de esa entidad”, aseguró.

Por su parte Bernardo Monterroso, de la Contraloría General de Cuentas reiteró que están atendiendo los requerimientos que hiciera la diputada Martínez en su rol de fiscalización. “Estamos planificando el trabajo de la auditoría interna que se realizará en agosto próximo y verificaremos la cotización de medicamentos, la compra del equipo quirúrgico que está pendiente”, dijo.

A la reunión  acudieron los viceministros de Salud y Trabajo Alvar Frank Pérez y Rolando Pernilla, respectivamente, quienes propusieron dos mesas técnicas de trabajo por separado para que se encuentre la solución tanto al tema de salud como laboral “estamos en la mejor disposición y colaboraremos en el Ministerio de Salud  para que encontrar la solución a la problemática” indicó Pérez, vicetitular de la cartera de Salud.

“Nosotros queremos que se proteja y se garanticen los derechos de pacientes, personas como a los trabajadores del Incan y sabemos que los cobros son ilegales y anómalos, en el Congreso se les aprobó para este año Q35 millones para la entidad, de ellos Q22 millones para que funcione y Q13 millones para la compra de equipo, estamos interesados en darle seguimiento al problemática en las mesas técnicas”, informó la diputada presidenta de la Comisión de Salud, Karla Martínez.   

Por: José Castellanos

Fotos: Miguel Plato