Fundamentándose en el artículo 17 de la Ley en Materia de Antejuicios (Decreto 85-2002), los diputados que integran la Comisión Pesquisidora que conoce el antejuicio promovido en contra del ministro de Economía (Mineco), Acisclo Valladares Urruela escuchó los argumentos de Claudia González, mandataria legal de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cicig) para solicitar el retiro de la inmunidad del funcionario.

De acuerdo con el expediente 158-2019 remitido al Congreso de la República por la Corte Suprema de Justicia, el funcionario podría estar involucrado en delitos como asociación ilícita y cohecho activo, por el posible pago de sobornos a diputados del Partido Patriota (PP) para la aprobación de una ley.

González resaltó entre los indicios recabados las reuniones para negociar el pago de las dádivas en las que se  involucra  a la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, directivos de la empresa que aportaría los fondos y un exdiputado del Parlacen, quienes según la Cicig, quienes trabajaron en el anteproyecto de ley que fue aprobado el 4 de abril del 2014.

Como medios de investigación la Comisión Internacional presentó 12 declaraciones testimoniales, entre ellas la de un exdiputado del PP y la exasesora de quien en esa fecha era el Jefe del Bloque PP; diversos correos electrónicos en los que se detallan pagos superiores a los  Q50 millones.

A criterio del secretario de la Comisión, Manuel Giordano las declaraciones generan dudas en cuanto a su veracidad, pues pudieron ser facilitadas como medio de garantizar algún beneficio. “Pudimos verificar que algunas de estas declaraciones fueron obtenidas de personas que enfrentan procesos penales por actos de corrupción”, afirmó.

La mandataria de la CICIG  estima que los pagos a diputados fueron  a través  del ministro,  señalado de encabezar la estructura criminal, que propició  la aprobación de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos

Con estos recursos afirman que la empresa de telecomunicaciones fue la única beneficiaría en los primeros seis meses de aprobada la ley, “ya que  al día siguiente de entrar en vigencia la normativa, la compañía hizo 33 solicitudes para la instalación de antenas y fibra óptica”, remarcó.

Al concluir la audiencia, el diputado Aníbal Rojas, presidente de la instancia legislativa aseguró que continuaran con el cronograma establecido. “La responsabilidad de la Comisión es identificar si el motivo de la denuncia es espuria, ilegitima o política, en tal virtud estaremos escuchando el próximo 1 de agosto al Ministerio Público y el 5 al funcionario en cuestión”, aseguró.

Tal y como lo establece el Decreto 85-2002, la instancia conformada para analizar el expediente de antejuicio, tras escuchar a las partes, deberá consignar su recomendación en un informe circunstanciado que será entregado a Junta Directiva, y esta en su efecto elevarlo al Pleno del Congreso, que con mayoría calificada decidirá si quita  o no la inmunidad al Ministro de Estado.   

Por: Karen Mendoza

Fotos: Rodrigo Arias