El acceso a una vivienda digna  es un derecho humano garantizado por la Constitución Política de nuestro país y por diversos tratados internacionales. Bajo ese argumento,  diputados al Congreso de la Republica, han unido esfuerzos con diversos sectores, para impulsar una iniciativa que permita reducir el déficit de unidades habitacionales que se registra en el país y que asciende a 1 millón 700 mil.

La iniciativa 4818, ley de interés preferencial para el acceso a la vivienda social (LIP), esta entonces encaminada a beneficiar a personas que no pueden acceder a créditos bancarios para la compra de vivienda, apoyo que llegará  por  parte del Estado, el cual pagaría  el 50 por ciento de los intereses generados en la compra del bien inmueble.

El  anteproyecto de ley fue el resultado de una alianza público-privada en la que se hizo un análisis de la situación habitacional del país, según el diputado Oscar Chinchilla, ponente de la iniciativa,. “Estamos consientes que esta propuesta no  solucionará en forma total  el déficit de viviendas, sin embargo, constituirá una herramienta importante que genere avances en esa materia”, afirmó el congresista.

Impacto económico y social

La aprobación de la Iniciativa 4818,  pendiente de su tercera lectura en el Legislativo, generaría en su primer año de vigencia  la construcción de alrededor  de 5 mil nuevas viviendas, de acuerdo con estimaciones del Central American Business Intelligence (CABI).

Para Janio Rosales, director Ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (Construguate), estas estimaciones no son el único beneficio que tendría el país, pues añade  que se generaría un ingreso en la economía, equivalente al 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) adicional al proyectado por  el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el cierre fiscal 2019, el cual fue estimado en 3.4 por ciento.

“Estamos hablando que con la construcción de nuevos  proyectos,  se crearían 185 mil  puestos de trabajo cada año. Como gremial estamos apoyando la aprobación de la ley, porque se constituye en una verdadera oportunidad para la disminución del déficit habitacional, la generación de empleo, reducción de las desigualdades sociales y el crecimiento económico nacional”, dijo Rosales.

Según datos del Departamento de Análisis Estadístico (DAE) de Construguate, con la aprobación de la Ley de Interés Preferencial, además de atender al déficit habitacional, se proyecta que en un plazo de 10 años se generen más de 1.49 millones de empleos y se construyan  165 mil unidades de vivienda.

 El apoyo económico

Hugo Bosque, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (Anacovi), asegura que esta política permite que personas con status C y D,  que integran el 45 por ciento de la población guatemalteca, puedan adquirir una vivienda, ya que el proyecto de ley, crea una tasa de interés que  debe ser absorbida por el Gobierno, por medio del mecanismo de la acreditación tributaria.

Esta tasa de interés será siempre el 50 por ciento de la tasa de referencia. Esta última es la tasa promedio ponderada del último trimestre que cobren las entidades aprobadas por el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), que a la fecha se estima en un 7.2 por ciento. “Los núcleos familiares que hoy carecen de una casa tendrán la posibilidad de adquirir una, que su valor no sobrepase los 170 salarios mínimos, con una tasa preferencial del 4.2 por ciento”, explicó Bosque.

El titular de Anacovi afirma que esta propuesta ayudaría a que las familias que tienen entre dos a tres salarios mínimos puedan optar a financiamiento bancario para comprar su casa. “Hoy por hoy  las altas cuotas no permiten que las personas puedan agenciarse de una propiedad inmueble, por lo que la 4818, viene a ser la opción idónea para este sector”, manifestó.

“El proyecto plantea que el Gobierno aporte por 10 años la tasa de referencia de los créditos de vivienda otorgados a familias que no cuentan con una residencia. Esta abarca unidades desde Q220 mil hasta Q580 mil. Los primeros tres años el Estado absorberá el 50 por ciento de la tasa; del cuarto al decimo año será escalonado”, concluye el presidente de la gremial.

 Una estrategia gana-gana

De acuerdo con un estudio de costo-beneficio realizado por Paulo de León  director del CABI, en 2032 el 80 por ciento de la población será urbana, lo cual  hace que el tema de vivienda sea un punto crítico. Sin embargo, plantea que no solo el sector de la construcción se vería beneficiado con este marco jurídico.

El economista, quien presentó estas proyecciones durante la inauguración de Expocasa, afirmó que por Q1 que el Gobierno invierta, tendría un retorno de Q2.79 mediante el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). A su vez, esta inversión generaría que la economía se dinamice en Q6.8

Dicho estudio registra que no solo el Gobierno Central incrementará sus ingresos, también lo harán las corporaciones municipales, las cuales  percibirán más fondos con el pago de tributos,  como el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), y la aprobación de nuevas licencias de construcción.

“El sector de vivienda es un dinamizador de la economía nacional, por lo que se espera que una vez aprobado este proyecto, el crecimiento económico de este sector se incremente, como ocurre en otros países que cuentan con normativas similares. Tendríamos un beneficio inmediato; pero en esta ecuación muchos sectores se verían beneficiados”, concluyó el analista.

Datos del DAE estiman que en Guatemala, durante los últimos 10 años, se han construido cerca de 100 mil soluciones habitacionales, por su parte, en el mismo lapso, el déficit habitacional ha tenido un incremento de 423 mil unidades. Con las condiciones actuales, el mercado de vivienda únicamente atiende al 37.5 por ciento de la población total. 

Por: Karen Mendoza

Fotos: Civ, Gobierno Guatemala