De nuevo autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN)acudieron al Congreso de la República para ser cuestionados en torno a la adquisición de un buque con un costo de US $90 millones y dos aviones IA-63 Pampa III por US $28 millones.

En esta ocasión fueron los diputados de la bancada Encuentro por Guatemala (EG) quienes, en su rol de  fiscalización se reunieron con Jorge Ruiz Serovic, viceministro de Política de Defensa y Planificación, quien llegó acompañado de otras  autoridades de la cartera.

Y fue precisamente Ruiz Serovic quien argumentó que para la compra de los aviones, el 5 de junio se suscribió un convenio complementario entre ministerios de la defensa de Guatemala y Argentina, el cual originó uno específico en el que se incluye la negociación de las aeronaves.

Añadió que este último convenio fue enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores   institución que lo avaló y trasladó  al Ministerio Finanzas Públicas para analizar la viabilidad de una línea presupuestaria.  “Si bien, el sistema de defensa aéreo no estaba contemplado en el Plan Operativo Anual del ministerio, su compra se hace necesaria por el grado de amenaza que sufre  el país por parte del narcotráfico”, dijo el funcionario.

Sin embargo, la diputada Nineth Montenegro, jefa de bancada,  aseguró que hay indicios de la posible comisión de un fraude de Ley, debido a que el criterio utilizado por el MDN, no tiene asidero legal, toda vez que no ha nacido a la vida jurídica, pues  el convenio en relación es potestad del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), por tratarse de un tema diplomático.

Al ser cuestionado por no publicar en el portal Guatecompras el expediente  que ampara la compra del navío, el funcionario  explicó que  en el artículo 4 de la Ley de Contrataciones se estipula que,  en el caso de adquisiciones a través de convenios internacionales, las mismas deben de ser publicadas hasta que el bien material se encuentre en territorio nacional.

Ruiz Serovic insistió que el negocio cumplió con lo establecido en ley, pues cuenta con las consultas a los órganos rectores en cuanto a compras del Estado, asimismo afirmó que la propuesta cuenta con un antecedente suscrito en  2017 entre el Ministerio de Gobernación y el Gobierno de Estados Unidos de Norte América, el cual  presenta condiciones similares que el Estado mantiene con el país del sur.

La diputada  pidió a las autoridades  el informe que especifique todo el procedimiento en juicio así como los dictámenes que avalan la compra y las razones porque se optó por estos aviones y no los ofrecidos por la República Checa, que presentaban un tecnología similar.

“No negamos la necesidad que tiene el país de adquirir este tipo de equipamiento para el combate al narcotráfico, cuestionamos el mecanismo opaco por el que se concretizó. De encontrarse pruebas de actos fuera de la ley, no descartamos presentar un recurso de inconstitucionalidad para frenar esta situación”, concluyó la congresista.

Por Karen Mendoza

Fotos Héctor Monroy