Emitir un dictamen que esté discutido de manera amplia es lo que pretenden los diputados de las comisiones de Economía, Comercio Exterior y de Defensa al Consumidor y por ello continúan de manera conjunta con la socialización de la iniciativa 5544; Ley de Tarjetas de Crédito, cuyo fin principal es fijar tasas tope en el tema de intereses.

En una nueva reunión los legisladores escucharon las ponencias de Pablo Hurtarte de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) y de Edwin Matul y César Sigüenza de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL).

En ese contexto, Hurtarte aseguró que, si bien las tasas de interés cobradas por el emisor, bajarían hasta en un 50 por ciento, la  medida distorsiona el mercado y representa un riesgo artificial, con la cual se verían afectados los estratos de menor ingreso, es decir aquellas personas que perciben menos de Q4 mil  mensuales.

Añadió que tras un estudio comparado, países como El Salvador, Colombia, Bolivia, Chile y Paraguay, con economía similar a la guatemalteca, han experimentado resultados adversos al aprobar leyes que plantean topes en los intereses de este medio de pago. “Vemos con preocupación que el artículo 10 de la ley podría limitar a usuarios de microcréditos” puntualizó

Para Sigüenza, la aprobación del proyecto generaría  impugnaciones, por contravenir preceptos establecidos en los artículos 4, 5, 30 y 43 de la Constitución Política de la República, “afectaría  la economía de mercados”, dijo.

Matul por su parte afirma que un tope en los intereses afectaría directamente al segmento de  la población  que cuenta con una tarjeta, que a la fecha constituye el 7 por ciento de los habitantes del país. “El sistema bancario enfrentaría una disminución de cerca del millón de plásticos y solo aquel que tenga un ingreso mayor a los Q12 mil (USD1mil 500) podría acceder a este tipo de crédito”, enfatizó.

Para los próximos días los miembros de las comisiones esperan escuchar el aporte de representantes de las universidades de San Carlos de Guatemala, Rafael Landívar así como del  Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)  y del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

No se descarta que, luego de escuchar a los diferentes sectores, los miembros de las comisiones emitan el dictamen respectivo, lo que se prevé podría ocurrir en la segunda semana de agosto.
Por Karen Mendoza

Fotos Roberto Aguja