Con visitas de campo y con citaciones a diferentes funcionarios involucrados, los diputados que conforman la Comisión de Seguridad Alimentaria mantienen una fiscalización en torno al cumplimiento del Decreto 16-2017, Ley de Alimentación Escolar, aprobado por el Congreso hace dos años.

Los congresistas coinciden que para la ley sea efectiva, se deben unificar esfuerzos, elaborar una ruta de implementación adecuada y coordinar acciones que redunden a favor de la población estudiantil.

Y aunque han encontrado algunos indicios que no todos los establecimientos están cumpliendo con aplicar la normativa, consideran que hay avances, entre otros, la creación de más  Organizaciones de Padres de Familia (OPF) y el incremento en la matrícula escolar.

El positivismo de los congresistas se concreta en la coordinación interinstitucional entre el Organismo Legislativo y Ejecutivo, que a criterio de Juan Carlos Carías, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-,  ha rendido frutos. “La ley ha permitido mejorar los condiciones de la población estudiantil entre otros sectores involucrados, afirma.

Carías afirma que mediante un monitoreo, han verificado la implementación de la normativa, para lo cual han contado con la colaboración de organismos nacionales e internacionales encargados de velar por el bienestar de la niñez a nivel nacional.  La ley contempla un aumento a la asignación por estudiante, menús saludables y adaptados localmente, compras a la agricultura familiar y huertas escolares pedagógicas.

“En una escuela de Quiché pasaron de un vaso de atol a un plato de alimentos, es decir una ración nutritiva. La deserción  escolar ha disminuido, porque los estudiantes están más interesados a acudir y lo hacen en condiciones favorables al estar bien alimentados”, explicó.

El funcionario resalta que no son solo los alumnos quienes se han beneficiado con la Ley de Alimentación Escolar, pues también los proveedores locales han experimentado una dinamización de la economía al adquirir insumos que son producidos por agricultores nacionales. “Es notoria la contribución que refleja en la economía sin duda son avances que hay que resaltar y de los cuales hemos dado seguimiento como parte del trabajo que se realiza por parte de SESAN”, detalló.

Para Carías el Congreso de la República dio un paso hacia adelante al aprobar la ley, pues con ello Guatemala se unió a Bolivia, Brasil, Honduras y Paraguay, grupo de países de América Latina y el Caribe que ya cuenta con leyes específicas para alimentación escolar.

Es una normativa íntimamente vinculada al Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en el que se indica que los programas de alimentación escolar constituyen uno de los principales mecanismos para el combate contra el hambre y la malnutrición.

Mientras tanto, desde el Congreso diputados que integran las distintas Comisiones de Trabajo mantienen un monitoreo constante para cerciorarse que la ley se cumpla permitiendo un progreso para los estudiantes y sus familias.

Por Isabel Mazariegos

Fotos. Diario de Centro América