De manera urgente diputados de la Bancada TODOS anunciaron que promoverán reformas a la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, Decreto 109-97,  específicamente en lo que corresponde a las sanciones en contra de gasolineras que incumplan con la calidad y cantidad en el desapacho de combustible.

“Actualmente las sanciones máximas alcanzan los Q25 mil, por lo que consideramos que son muy bajas, propondremos que lleguen a más de Q100 mil, e incluso el cierre de los establecimientos”, afirmó el diputado Felipe Alejos, Primer Vicepresidente de Junta Directiva e integrante del bloque.   

En cuanto a los precios de los combustibles,  el diputado  Alejos y su compañero de bancada, Ronald Arango, manifestaron su preocupación, pues consideran que en poco tiempo este aumento podría reflejarse en los precios de la canasta básica,  afectando  a millones de guatemaltecos, por lo que solicitaron medidas urgentes a las autoridades.

Por todo ello los miembros de la bancada citaron a funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), y Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), con el fin de fiscalizar el aumento al precio de los combustibles, así como el alza a la tarifa de la energía eléctrica.

Luis Alfonso Chang, titular del MEM explicó que trabajan en la instalación de  un sistema de software que permitirá realizar monitoreos sobre los precios y calidades que maneja cada una de las 1,800 gasolineras que operan en el país, el cual  podrá ser accesible a todos los guatemaltecos por medio  de internet. Esta medida podrá apoyar las acciones de la DIACO, que durante el año pasado solo sancionó a 17 gasolineras.

Con respecto al aumento de la tarifa de energía eléctrica, que se anunció para el trimestre de mayo a julio, el presidente de la CNEE, Mainor López Barrientos  dijo que se debía a la poca cantidad de lluvia que ha caído en los últimos meses, sumado al aumento del precio del bunker.

Al finalizar la reunión el diputado Juan Ramón Lau solicitó a los funcionarios informes detallados sobre los temas discutidos, con el fin de analizar su veracidad y buscar alternativas que puedan beneficiar los guatemaltecos, por lo que consideran que volverán a citarlos en un plazo máximo de ocho  días.      

Por: Mayra Barillas Recinos

Fotos: Rodrigo Arias