A la diputada  Alejandra Carrillo le interesa verificar el cumplimiento  del Decreto 22-2017 Ley de Banco de Datos Genéticos Para Uso Forense y por ello se reunió con funcionarios de los ministerios de Gobernación, Educación, Salud y Asistencia Social, Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, Ministerio Público, director General del Instituto Guatemalteco de Migración y el Organismo Judicial.

Fue en esa reunión en la que Julio Cordón, Secretario de Política Criminal del Ministerio Público aportó datos en torno a las personas que han solicitado la certificación que extiende el Registro Nacional de Agresores Sexuales a personas que trabajan con niños y que deben demostrar no haber sido condenados por agresión contra menores.

Cordón indicó que,  a  partir de la creación del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense,  han recibido   892,940 solicitudes de certificaciones y que  166 personas han sido registradas como agresores sexuales, pues fueron condenadas en un tribunal de sentencia por delitos que estipula la Ley como delitos contra el honor y contra la libertad e indemnidad sexual.

Sugirió  una mejor coordinación entre el Organismo Judicial (OJ), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) y el Ministerio Público (MP) para que se verifique la información y sea cotejada de manera adecuada, correcta y segura para ingresarla al Registro Nacional de Agresores Sexuales.       

La  diputada  Carrillo comentó que la próxima semana citará a las autoridades de  instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) el Ministerio Público (MP) y otras instituciones públicas a una reunión de la Instancia de Jefes y Subjefes de Bloques y Junta Directiva para que se informe y se instale una mesa técnica para las modificaciones a la  referida Ley y se mejore el contenido de la normativa vigente. 

Por: José Castellanos

Fotos: Miguel Plato