Con la presentación de una denuncia penal en contra de la ex fiscal Thelma Aldana, la comisión que investigó la compra de un edificio para el Ministerio Público y que preside el diputado Juan Ramón Lau, culminó su labor de investigación.

Al interponer la denuncia en el Ministerio Público, los miembros de la comisión dejaron constancia en el informe circunstanciado de las anomalías detectadas en el proceso de compra-venta del inmueble.

“Ese edifico fue sobrevalorado por más de Q8 millones, esto no es un invento de la comisión, es una realidad investigada y documentada por medio de un proceso transparente que desarrollo esta comisión, que cabe resaltar,  fue integrada bajo todos los fundamentos de ley”, indicó el diputado Lau.

Los miembros de la comisión explicaron que la sobrevaloración en la compra del edificio fue confabulada mediante una estructura integrada por ex trabajadores del Ministerio Público y que formaron parte del equipo de trabajo de la ex fiscal   Aldana,  por lo cual se presentó la denuncia para que sean investigados de oficio.

En los hallazgos se resalta la incongruencia en los avalúos, el realizado por la Dirección de Catastro y Avalúo de bienes inmuebles (DICABI), fue por Q35 millones, mientras que el efectuado por la Contraloría General de Cuentas,  mediante la empresa SERTO,  fue por Q 31 millones.

“El Ministerio Público es quien debe de tipificar los delitos tomando en cuenta los hallazgos, como comisión nosotros ya hicimos nuestro trabajo ahora le corresponde a ellos hacer la persecución penal”, agregó el legislador Lau.

Del proceso de compraventa, los parlamentarios argumentaron que la empresa EJOTEUNO, S.A. y la Offshore panameña DOLCETTO vendieron el inmueble al Ministerio Público, la última entidad citada es propiedad de Mynor Lobos de 24 años quien aparece en distintos registros como representante legal de al menos 60 empresa y 41 offshore.

En  la investigación se determinó que se violó la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, pues se omitieron las bases para adquirir el inmueble, el cual  incumple con requisitos de ubicación, infraestructura y funcionalidad.

“Es evidente la serie de hallazgos detectada, desde la visita que realizamos en el edificio nos percatamos de las anomalías”, opinó el diputado Fernando Linares, miembro de esta instancia.

Por Isabel Mazariegos