La comisión Fiscalizadora que verifica la compra de un edificio en la zona 5 para el uso del Ministerio Público (MP), finalizó la fase de citaciones y cuestionamientos a funcionarios, que podrían aportar datos en torno a la negociación realizada durante la gestión de la exfiscal general, Thelma Aldana, cuyos integrantes de su equipo de trabajo se negaron a comparecer ante la sala de trabajo.

Los últimos en ser escuchados por los legisladores fueron,  el director de la Dirección de Catastro y Avalúos de  Bienes Inmuebles (Dicabi), Luis Enrique Rojas y Manuel Veliz, representante de la entidad, Serto, encargados del avalúo de la propiedad cuestionada por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC), quienes se contradijeron en el valor de la evaluación realizada el inmueble por un margen de Q4 millones.

“Según el informe de la CGC, el edificio tiene un valor de Q31 millones ya con las reparaciones incluidas, avalúo efectuado por la empresa Serto, el cual difiere en Q8 millones con lo dicho por Dicabi, que coloca un precio sin incluir las remodelaciones de Q35 millones, elevando el costo total a Q39 millones con reparaciones”  expresó el presidente de la Comisión, Juan Ramón Lau.

La parlamentaria Delia Bac, cuestionó el avalúo pues  Dicabi no tomó en cuenta  que la construcción no contaba con acabados y servicios como; baños, cielo falso, sistema eléctrico, bomba de agua, además de tener filtraciones de agua en varios niveles y estar ubicado en una zona roja donde el costo podría ser menor.

“Creemos que los involucrados en esta compra pertenecen claramente a una estructura criminal que compro ilícitamente el bien inmueble con un precio sobrevalorado”, dijo Lau, previo a indicar que se acordó a lo interno de la Comisión reunirse mañana miércoles, para elaborar y presentar el informe final de la fiscalización y según lo indicado existen diferentes elementos para poder presentar denuncias penales.

Fernando Bolaños