La diputada Mayra Alejandra Carrillo, ofreció una conferencia de prensa este día, para dar detalles de la acción de amparo que presentó ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia del Organismo Judicial, en contra del Consejo Superior Universitario (CSU), y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Murphy Paiz, por la posible malversación de Q288 millones. 

Según lo expuesto por la congresista, el trámite se originó luego de la negativa de las autoridades de la USAC, de presentar información acerca de un traslado del recurso económico en mención,  el cual pudo haber sido utilizado para la contratación de personal bajo el renglón 029.

“Tenemos conocimiento que la anterior administración a cargo del exrector Carlos Alvarado Cerezo, autorizó una transferencia de recursos que estaban destinados a beneficiar a los empleados de la universidad. No sabemos si estos 288 millones han servido para financiar pagos políticos, plazas fantasmas o peor aún para desfinanciar el plan de prestaciones que tiene esta casa de estudios”, lamentó la legisladora.

La representante por listado nacional aseguró que dentro de los requerimientos incluidos en esta acción legal resalta la solicitud para que el ente jurisdiccional ordene al CSU y al Rector trasladar los fondos  al plan de beneficios de los trabajadores, para que este no incurra en atrasos, además de que se prohíba cualquier traslado de este régimen para el pago de personal 029.

“Si queremos defender la autonomía de la San Carlos, se debe de garantizar la transparencia en sus acciones, permitiendo el escrutinio público de su situación financiera, debido a que las anteriores autoridades tienen cierto grado de responsabilidad al haber comprometido recursos sin tener disponibilidad financiera para hacerlo”, dijo enérgicamente la parlamentaria.

Carrillo no descartó presentar acciones penales y civiles en contra de quienes puedan tener responsabilidad en este desvío de fondos. “Debemos recordar que si bien la USAC es autónoma, recibe el 5 por ciento de los ingresos totales del Estado, razón por la cual tiene la obligación de rendir cuentas”, agregó.

Por Karen Mendoza