Los diputados de Convergencia, en compañía de congresistas de otras bancadas, cuestionaron a autoridades de los Ministerios de Gobernación y Defensa por el patrullaje inusual en cercanía de las instalaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), zona 14, el pasado 31 de agosto, día en que el Presidente de la República anunció que no se ampliaría el mandato de ese “órgano independiente de carácter internacional” en el país, el cual vence el 3 de septiembre del 2019.  

La legisladora Sandra Morán preguntó al viceministro de Gobernación, Kamilo Rivera, el motivo del fuerte desplazamiento de vehículos artillados, así como de agentes de Policía Nacional Civil  y Ejército precisamente el día en que el Presidente de la República anunció que no renovaría el mandato de la Cicig.

Rivera respondió que fue un operativo normal en resguardo de la seguridad de ciudadana, ya que era fin de mes, día de pago, y se habían recibido amenazas contra Jueces y otros funcionarios.

“Precisamente ese día terminaba un pacto hecho entre pandillas  lo que podía generar incremento de hechos delincuenciales”, dijo el funcionario al reiterar que el despliegue nada tenía que ver con la conferencia de prensa convocada por el Jefe del Ejecutivo. Informó que utilizaron 8 vehículos Jeep J8, que están a disposición para fortalecimiento institucional y seguridad de todo el país.

El ministro de la Defensa Nacional, Luis Ralda, dijo que según acuerdos con la cartera de Gobernación, 40 soldados fueron requeridos ese día para fortalecer la seguridad a la población guatemalteca, y que no se usaron vehículos del Ejército, ya que los Jeep J8, están asignados a la Policía Nacional Civil.

El legislador Paul Briere también solicitó al ministro Ralda que, como integrante del Consejo Nacional de Seguridad, expusiera los motivos que fundamentan la declaración del comisionado Iván Velásquez como una amenaza para el orden y la seguridad pública. 

La respuesta del cuestionado fue que “según un informe de inteligencia se determinó que Velásquez ha generado confrontación y polarización entre pobladores guatemaltecos, y para evitar cualquier situación violenta que quebrante la seguridad nacional, se realizó la recomendación de no dejarlo ingresar a territorio guatemalteco”.

Antes de finalizar, los congresistas que asistieron a la reunión, pidieron informes por escrito e indicaron que fiscalizarán que el actuar de las fuerzas de seguridad  esté dentro del marco legal del país.

Por Estuardo Zeceña