La Comisión Específica, que preside el diputado Manuel Conde Orellana (PAN), para el análisis de la iniciativa 5311, que crea el procedimiento especial de aceptación de cargos, presentada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ); se prepara para emitir el informe final junto con algunas enmiendas.  

La propuesta fue presentada por los magistrados en julio del 2017 y conocida por los representantes en agosto del mismo año. El proyecto que contempla reformas al Decreto 51-92, Código Procesal Penal, establece la reducción de penas en una tercera, cuarta o hasta quinta parte a quienes acepten la responsabilidad de los cargos que les impute el Ministerio Público.

La normativa abarca todos los delitos contenidos en el Código Procesal Penal exceptuando aquellos  considerados como tortura, desaparición forzada, genocidio, delitos contra deberes de la humanidad y ejecución extraoficial.

Según lo expuesto pro el presidente de la sala legislativa, en las 5 audiencias públicas llevadas a cabo para socializar la ley, se contó con aportes de organizaciones de la sociedad civil así como de la CSJ. Los temas más discutidos fueron  los casos en los que se hace excepción de esta medida, el número de audiencias, el porcentaje de reducción de la pena, y la reparación digna al agraviado, ente otros.

Uno de los puntos que causó debate en la reunión fue el relacionado con las audiencias en donde el imputado puede ser beneficiado con esta medida. El diputado Juan Ramón Lau (Todos), coincidió con la opinión enviada por la Cámara Penal de la CSJ, donde se dice que este procedimiento debe de ser reducido a 2 audiencias y no 5 como lo contempla el referido Código.  

Otro tema de discusión fue la reparación digna como medio de que el acusado de algún delito  pueda resarcir al afectado. “Creemos  que es algo novedoso que plantea la iniciativa  y que permitiría  que el privado de libertad, salga de prisión, produzca y repare al agraviado, lo que significaría a su vez la descongestión del sistema y una manera de lograr justicia pronta”, aseguró el congresista Conde Orellana.

“Un aspecto importante que debe de ser considerado en la norma es aquel que tiene que ver con el cumplimiento de los plazos establecidos en materia penal, porque a la fecha esa es la causa que ha generado una gran mora en la impartición de justicia”, afirmó el legislador Carlos López (UNE). El congresista puso de ejemplo el caso del exmagistrado Douglas Charchal, quien no ha podido ser beneficiado con un procedimiento abreviado, pese a que aceptó su culpabilidad en el caso en su contra. 

Finalmente, el presidente de la Comisión dijo que esperan contar con el informe en mención la próxima semana. A más tardar el miércoles lo estarían entregando a Junta Directiva. “Debemos trabajar en legislación que permita establecer una figura como esta, que sería un aporte importante del Congreso en materia judicial”, concluyó el diputado por el bloque PAN.

Por Karen Mendoza