En una extensa jornada de trabajo, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Ronald Arango, escucharon este martes a representantes del sector empresarial organizado, quienes entre otras cosas, solicitaron a los diputados que le hicieran llegar a la Procuraduría de Derechos Humanos un documento donde muestran su malestar por el bloqueo de carreteras, y piden se protejan los derechos del sector económico en país.   

“Nos comprometimos a hacer llegar este documento a la PDH, con el fin de que sean respetados los derechos tanto de los manifestantes como de los sectores que dinamizan la economía en el país”, informó el diputado Arango.

Roberto Dardón,  encabezó la comitiva de los directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), quien explicó las consecuencias económicas que tiene el bloqueo de carreteras en el país.

Fanny de Estrada, directiva de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) informó que detrás de los cierres de los tramos carreteros, hay pérdidas económicas que asciende a no menos de USD 42 millones diarios, debido a lo que el país deja de exportar.

“Entre los departamentos que se ven más afectados por esta situación son San Marcos, Petén, Quiché y Guatemala, entre otros, lugares donde se registra la mayor producción del país”, dijo.

En otro punto de agenda, los congresistas intervinieron para ayudar a buscar una solución al problema de la Hidroeléctrica Sac-Já, en el municipio de Purulhá, Baja Verapaz, la cual fue intervenida por lo pobladores en abril de este año.

Raúl Aguilar, de la Junta directiva de la Hidroeléctrica Sac-Já, explicó que se calculan pérdidas de por lo menos USD 2.7 millones, tras la invasión de la planta generadora por parte de pobladores de la comunidad Monte Blanco, de la referida localidad.

Los pobladores han dañado la  estructura de la obra afectando la toma de agua y el canal de distribución del líquido de Sac-Já, lo cual afecta directamente al ecosistema del lugar. “Entre los destrozos se ha identificado el corte de árboles que tenían cientos de años en el área. Lo peor es que las comunidades que colindan a la hidroeléctrica que se veían beneficiados con trabajo indirecto, ahora se han quedado sin ingresos”, agregó.

Aguilar aseguró además que la entrada en funciones de la generadora de energía eléctrica se dio en un marco de total legalidad, debido a que para su instalación cumplieron con todos los estudios tanto de impacto ambiental, como el social requeridos por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. “Se cumplió además con la socialización en las comunidades del proyecto y ninguna presento objeciones, por lo que no entendemos  la repentina oposición del proyecto”, concluyó.

Por Karen Mendoza