La Comisión de la Mujer, presidida por el diputado Aníbal Rojas (Viva), analizó este jueves el artículo 7 de la iniciativa 5376, que plantea un sistema de protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora para niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual.   

En la actividad participaron cerca de 65 organizaciones de la sociedad civil, entre las que resaltan Asociación Go Joven Guatemala, Coalición Ministerial Cristiana, Mujeres Transformando el Mundo, Alianza Evangélica de Guatemala, Asamblea Feminista, Instituto de Derecho a la Vida, entre otras, las cuales presentaron argumentos a favor y en contra de la normativa

Quetzali Cerezo, de la Asociación Movimiento por la Equidad en Guatemala (AME), aseguró que el Estado debe de garantizar que la maternidad ideal sea libre y deseada a través de estrategias interinstitucionales, que eviten la incidencia de casos de violaciones sexuales en menores.

“De lo contrario nos enfrentamos a la interrupción de la vida de una niña mediante un abuso violento, trayendo serias consecuencias para su desarrollo. El Estatuto de Roma, en su artículo séptimo, refiere que  el embarazo forzado es considerado un crimen a la humanidad, situación que hace que las menores en esta condición sean estigmatizadas”, agregó Cerezo.

Orlando Cabrera, del Instituto Juntos por la Vida, explicó que no ven  viable el proyecto de ley, bajo varias perspectivas: “No se considera la salud física y psicológica de la menor que interrumpe el embarazo”.

“Vemos con preocupación que se quiera aprobar una ley que excluye a otras victima de delito sexual y peor aun que no se contemple un castigo severo al abusador. Creemos que se debe de trabajar en soluciones de fondo como el acompañamiento a la víctima, el castigo al criminal y combate a la clandestinidad de los abortos”, afirmó Cabrera.

Al concluir la reunión, el congresista Rojas indicó que la mesa se reunirá nuevamente en los próximos días para continuar con el análisis de la propuesta. “Escucharemos a dependencias del Estado involucradas en el tema en virtud de contar con un dictamen ampliamente discutido”, anunció el legislador.

Datos del Sistema de Información Gerencial de Salud (Sigsa), del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, refieren que en lo que va del año, al menos 1 mil 475 menores, entre 10 y 14 años, tienen un embarazo no deseado a causa de un delito sexual.

Por Karen Mendoza